«No reconocemos como gobernador ni a uno ni al otro. Esperaremos que la Justicia se expida», eludió ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al arribar por la tarde a la ciudad de Ushuaia acompañado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
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La Casa Rosada no quiere problemas hasta tanto se resuelvan las elecciones del domingo. De hecho, Fernández y De Vido viajaron hasta la provincia más austral para llevar suculentos fondos para obras (unos $ 600 millones) y apoyar a las candidatas a la diputación nacional por el Frente para la Victoria, Rosana Bertone y Graciela Bozac.
La intervención «es un remedio de última instancia y no hay todavía nada que nos indique a nosotros que tengamos que ni siquiera estudiar el tema», señaló además Fernández. Mientras tanto, Cóccaro toma postura de gobernador e imparte órdenes como tal, pero Colazo -ex radical, ahora aliado a Néstor Kirchner- no sede y desconoce la última suspensión que le dictó una Legislatura dominada por opositores.
Por lo pronto, el proceso seguiría el lunes próximo, ya que la Sala Juzgadora de la Legislatura dispuso la tarde de ayer un cuarto intermedio hasta ese día, luego de que volvieran a presentarse -ahora en la sede la Presidencia de la Cámara- algunos simpatizantes colacistas que provocaron disturbios nuevamente.
De esta manera, por cuestiones de seguridad -según se alegó-, el proceso de juicio político contra Colazo continuará una vez que pasen las elecciones legislativas del domingo. Una jugada muy conveniente para la Casa Rosada y el mandatario que, en caso de que sus candidatos del Frente para la Victoria sean apoyados en las urnas, estaría obteniendo oxígeno vital para su futuro político en la provincia.
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