2 de febrero 2004 - 00:00
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Al respecto, la intención del gobernador neuquino también había recogido críticas desde Chubut, a través del secretario de Hidrocarburos local, Exequiel Espinosa, también resistente sus aspiraciones.
En palabras de Cameron, «Sobisch está tratando de generar una cuestión normativa con la ley de hidrocarburos en su provincia», pero además «pretende avanzar en la determinación del precio del gas en boca de pozo para lo cual no está habilitado, porque se contrapondría a una ley nacional de orden público como es la de emergencia económica que mantiene congeladas las tarifas de los servicios públicos», según indicó este fin de semana a la prensa local.
La posición de estas provincias patagónicas no significa, sin embargo, una negativa hacia la obtención de la potestad de los recursos por parte de los distritos productores, ya que apoyan el avance del proyecto a nivel nacional llamado «ley corta», que otorgaría definitivamente el manejo de las áreas centrales de hidrocarburos a la provincias. La oposición al proyecto de Sobisch se centra, en cambio, en la cotización que se da al gas en boca de pozo. El gobierno neuquino afirma que por la inmovilidad del valor, junto a la devaluación, la provincia perdió $ 800 millones, por lo cual apunta a una suba del precio del gas en boca de pozo. Desde Santa Cruz, Cameron opinó que las pérdidas de los Estados provinciales se dieron para «no recargar a los usuarios domiciliarios con tarifas más elevadas en los servicios públicos», en tanto que señaló que «las mayores beneficiadas con este cambio en el valor boca de pozo, resultarían las empresas productoras».
Conflicto
Por su parte, en el marco del conflicto generado por las medidas de protesta del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén y Río Negro, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó este fin de semana la conciliación obligatoria entre las partes, dando por terminado el paro en la actividad. El ministro de Trabajo y Seguridad de Neuquén, Luis Manganaro, anunció que la conciliación sólo será para discutir por accidentes de trabajo, multiplicidad de tareas y trabajadores foráneos; en tanto que las empresas tienen 48 horas a partir de hoy para contestar.




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