Pelea familiar disparó purga en el gobierno de Corrientes

Implacable -aun a costa de la gobernabilidad local-, Arturo ya les pidió la renuncia a cuatro funcionarios (algunos estratégicos) en las últimas semanas, con el ambiguo argumento del «ciclo cumplido». Tres de ellos habían sido nombrados por Ricardo durante su gestión (gobernó hasta diciembre de 2005), y un cuarto venía de la intervención federal de Ramón Mestre.
Los códigos de los lazos de familia quedaron reducidos a trizas por el imán que parece ejercer el poder en el clan Colombi. Todo -dicen- gira en torno a la sucesión 2009, a la que aspiran los dos primos.
En rigor, la pelea -no reconocida hasta el momento públicamente por sus protagonistas- viene desde hace tiempo, ya que en círculos políticos locales se da por hecho que Arturo le habría boicoteado a Ricardo una reforma constitucional para pelear en octubre del año pasado su reelección. La zancadilla le permitió convertirse en gobernador por el Frente de Todos, bajo el que conviven peronistas, radicales y un sector del liberalismo, y que hoy es citado como modelo de concertación por Néstor Kirchner.
Hoy, Ricardo se encuentra ante el avance del proyecto reformista de su virtual enemigo íntimo, quien de esta forma sí lograría en 2007 asirse de la llave para pelear una nueva gestión dos años después.
En este marco, y casi en una devolución de gentilezas, hay quienes sindican al hoy diputado nacional como uno de los presuntos fogoneros de la virulenta escalada de reclamos salariales que azota a la provincia.
Habrá que ver cómo el duro enfrentamiento interno, que amenaza con ir in crescendo, afecta a los contactos de Corrientes con Kirchner, en el marco de la concertación política propuesta por el santacruceño a los gobernadores radicales.
El primero en irse a petición del gobernador fue el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, a fines de abril. No importó en su momento que el técnico se encontrara en plena negociación con Nación en pos de una refinanciación de la deuda provincial.
También se dio de baja, días atrás, al subsecretario de Seguridad, Manuel Aguirre. Poco antes se había tenido que despedir por obligación la directora general de Enseñanza Media, Alejandra Seward de Panseri.
El último en caer en desgracia fue el propio director de Información Pública, Julio César Burna, quien ocupaba ese cargo incluso desde antes de la asunción de Ricardo Colombi. El ahora ex funcionario presentó ayer su renuncia indeclinable, luego de que se la pidiera por «cuestiones internas del Partido Radical» el ministro secretario general, José María Roldán. «Como militante y como funcionario, miembro del gabinete de este gobierno, creo, merecía una explicación y argumentos más valederos de parte del gobernador», castigó.
Todas las miradas se dirigen ahora hacia los funcionarios ricardistas que aún sobreviven en el gabinete, entre los que se encuentran el ministro de Salud, David Dos Santos, y el subsecretario de Cultura, Norberto Lischinsky.