30 de enero 2006 - 00:00

Polémica por una licitación

De esta manera, quedó sin efecto un proceso licitatorio en el que las empresas Telefónica de Argentina y Telecom desembarcaron en la Justicia por haber quedado al margen, ya que sus propuestas técnicas no lograron satisfacer las exigencias pedidas por el gobierno en los pliegos. En paralelo, organizaciones no gubernamentales (ONG) abandonaron la auditoría por «falta de información».La reacción de Telmex no se hizo esperar. Según el diario «Los Andes», la empresa podría analizar irse del país «por falta de garantías institucionales».
La mayor licitación de la provincia en este rubro se inició en 2004 «para que la Policía no esté más interconectada con equipos analógicos que fueron comprados hace 30 años», dijeron entonces las autoridades provinciales.
Junto a la convocatoria original, se realizaron audiencias públicas de las que participaron todas las empresas del rubro en el diseño de los pliegos licitatorios, además de las ONG Poder Ciudadano y Favin, para auditar la transparencia de la operación.
Sin embargo, en noviembre de 2005 ambas organizaciones civiles resolvieron dejar de participar «ante la falta de información oficial sobre el proceso licitatorio».
En este escenario, el pasado 13 de enero el Ministerio de Justicia y Seguridad
resolvió marginar las propuestas de Telefónica y Telecom, por lo que ambas empresas reclamaron administrativa y judicialmente.
Ahora, argumentando algunas supuestas imprecisiones en el foliado de la propuesta de Telmex, y defendiendo la transparencia del proceso, las autoridades mendocinas resolvieron no aceptar la oferta económica del grupo mexicano. Anunciaron, en consecuencia,
«un nuevo concurso, que será más rápido y dará oportunidad de participar a Telefónica y Telecom».
Según el ministro de la cartera de la cual depende directamente la Policía provincial,
Miguel Angel Bondino, «se utilizaron los anticuerpos del Estado para evitar una confrontación judicial que demore la adjudicación». Otros funcionarios, en paralelo, admitieron que se trata de «barajar y dar de nuevo para evitar costos políticos innecesarios».

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