Santa Cruz - En un intento de hacer frente a los 34 días de paro (25 consecutivos) que hacen trizas el ciclo lectivo, el Gobierno del justicialista Daniel Peralta decidió ayer convocar a docentes suplentes «que lleguen a la provincia» para reemplazar a los maestros que llevan adelante la virulenta huelga por tiempo indeterminado, además de piquetes que paralizan la producción en el norte provincial.
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El Ejecutivo también ordenó que se dicten clases en salones, bibliotecas, laboratorios y otros ámbitos aptos para la tarea, y que haya recuperatorios durante el receso escolar para alumnos que no alcancen los contenidos mínimos.
Anoche, la Asociación Docentes de Santa Cruz -que conduce Pedro Muñoz- repudió la estrategia. «Es una barbaridad y es una medida anticonstitucional de un Gobierno que se dice progresista y popular», disparó Muñoz, además de remarcar que Peralta, en vez de solucionar el conflicto, «agudiza la situación». Desde el gremio recordaron que una decisión similar resultó «inaplicable» en 2004 y no descartaron «tomar acciones» para evitar que la iniciativa se consume.
La convocatoria se trata, en rigor, de parte de un paquete de medidas pedagógicas para intentar -a esta altura, vanamente- garantizar los 180 días de clase, que representan una virtual declaración de emergencia educativa.
Mientras tanto, generaba sorpresa ayer en la provincia la dilación del Ejecutivo santacruceño a la hora de liberar sanciones contra el gremio por incumplir la conciliación obligatoria, lo mismo que la morosidad del Ministerio de Trabajo de la Nación para intervenir en el conflicto. En esa postal incide el temor de ambas administraciones de asumir medidas que generen mayor costo político en un año electoral y en un distrito en el que ejerce localía Cristina de Kirchner.
En tanto, dirigentes opositores salieron a denunciar «la crisis del modelo de gestión» de Peralta y negaron un intento de desestabilización..
Por de pronto, con la protesta -en reclamo de una suba salarial del 50%-, la provincia sufre pérdidas millonarias. Por eso, el pasado domingo Peralta -quien aspira a lograr su reelección en octubre- le pidió fondos a la Presidente en un encuentro en El Calafate.
En cambio, el Gobierno provincial cosechó el lunes el levantamiento de los cortes de ruta de desocupados petroleros, con la promesa del pago de $ 1.840 mensuales con contraprestación de tareas.
Sin embargo, previsiblemente, florecieron ayer nuevos piquetes de desocupados en pos de subsidios, esta vez sobre la Ruta 3.
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