La polémica por la distribución de los ingresos por recaudación nacional se encapsula en una espiral riesgosa. Mientras que las provincias patalean por la caída de la coparticipación y exigen -algunas por lo bajo, otras a viva voz- una nueva ley de coparticipación, la Casa Rosada estibó sobre los gobernadores la mitad del pago de la emergencia agropecuaria que anunció Cristina de Kirchner para paliar los efectos de la sequía.
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Los beneficios comprenden la prórroga por un año del pago de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales, tanto en declaraciones cuanto en saldos de declaraciones juradas para el período fiscal comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2009.
Según estimaciones del Gobierno nacional, el costo fiscal de la prórroga decretada para dichos impuestos, está estimada en unos $ 5.000 millones para 2009.
Según un informe de la Consultora Economía y Regiones, la pérdida de $ 5.000 millones en la recaudación conjunta de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta, será asumida en cerca del 46% por el conjunto de las 23 provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado que estos tres gravámenes son coparticipables. En particular, en el caso del Impuesto a las Ganancias, cuyo aporte en la masa de recursos coparticipables alcanza a aproximadamente el 39% del total.
De esta manera, el conjunto de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) perdería aproximadamente $ 2.069,3 millones en concepto de ingresos por coparticipación. Asimismo, también se verá afectado el monto de recursos con destino a los Aportes del Tesoro Nacional ($ 95,3 millones), lo que eleva la pérdida a $ 2.164,6 millones (48% del total).
A nivel provincial, Buenos Aires recibirá $ 337,7 millones menos, producto de la reforma, seguida por Santa Fe ($ 191,1 millones) y Córdoba ($ 188,3 millones), de manera que estas tres jurisdicciones afrontarían cerca del 35% de la pérdida de recursos provinciales por coparticipación.
Por otra parte, Chaco, Tucumán y Entre Ríos recibirán entre $ 109 y $ 103 millones menos. La pérdida de recursos para el resto de las provincias estaría entre $ 90,4 y $ 24,9 millones, siendo Tierra del Fuego la provincia menos perjudicada. Teniendo en cuenta los menores ingresos tributarios esperados por la emergencia agropecuaria ($ 5.000 millones) y en base a los recursos coparticipables previstos en la Ley de Presupuesto nacional para el ejercicio 2009, estimados en $ 260.171 millones (sin seguridad social), las transferencias automáticas a provincias durante 2009 alcanzarían a $ 77.953,2 millones, es decir el 2,6% por debajo del monto presupuestado originalmente ($ 80.022,6 millones).
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