Por suba salarial, provincias piden flexibilizar ley fiscal

Apremiadas por el aumento del gasto salarial y la presión que éste ejerce sobre los presupuestos, las provincias comienzan a solicitar formalmente una flexibilización de las exigencias contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, instrumento que controla gasto y endeudamiento de los distritos del interior y la Nación.
«La realidad económica supera las posibilidades de las provincias y habría que rever las condiciones rígidas de la ley fiscal», reconoció a Ambito Nacional uno de los representantes del interior que participa desde el miércoles y hasta hoy del raid de encuentros de ministros de Economía que se realiza en la turística ciudad de El Calafate, Santa Cruz.
Los provinciales quieren hacer notar las dificultades que plantea el cumplimiento de esta ley ante la escalada de aumentos salariales generada ante la presión gremial que, en gran medida, es fogoneada por las subas que Nación avala y otorga en áreas del empleo público y privado.
A su vez, también se discute en torno a la Ley Federal de Financiamiento Educativo, en vista de que la misma fue aprobada luego de la ley fiscal, sobre la cual tendrá fuerte impacto debido al esfuerzo económico que exige a los gobiernos provinciales. «Sugerimos que se reglamente la ley educativa», indicó un ministro.
Los encuentros que congregaron ayer a los funcionarios en el kirchnerista centro turístico patagónico -en el hotel Los Alamos- fueron la Comisión Federal de Impuestos y el Foro Permanente de Presupuesto. Este último sentaba por la noche las bases de los pedidos provinciales que se terminarán de debatir hoy, cuando sesione el Consejo de Responsabilidad Fiscal -éste luego deriva las inquietudes al Comité Ejecutivo-. La información llegará a oídos nacionales a través del secretario de Hacienda, Carlos Mosse, que se encuentra desde ayer en El Calafate.
A la hora de pedir contemplaciones en el cumplimiento de la ley fiscal, las provincias más comprometidas tienen como argumento que el instrumento de control votado en el Congreso había surgido como parche por la falta de una nueva Ley de Coparticipación Federal y como pedido del FMI. «La coparticipación la frena el propio gobierno nacional y el FMI ya no puede exigir tras el pago de la deuda», razonan. Además, indican que «gasto social no es lo mismo que gasto corriente, así que hay que discriminar cada caso a la hora de ver qué pasa con la ley fiscal».
En rigor, la imposibilidad de cumplir con la ley fiscal fue anticipada desde el interior ya a mediados de 2005. El pronóstico se está cumpliendo. Un reciente informe privado indica que por efecto de las subas salariales, el gasto corriente primario del consolidado provincial creció 19,9%, es decir, por encima del aumento del PBI nominal, que fue de 18,9%. Tomando individualmente los distritos adheridos a la ley fiscal, suman 10 los que no cumplen con el requisito de un gasto primario que no exceda el PBI nominal.
 Compatibilidad
En tanto, hubo también 10 incumplidoras a la hora de intentar que los servicios de deuda no excedan 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.
«La Nación deberá entender que hay que compatibilizar ambas herramientas», explicó a su vez un ministro norteño en referencia a la ley fiscal y la nueva ley educativa. Preocupa aún a los provinciales poder conocer cómo será finalmente el reparto del esfuerzo económico con la administración federal.