Presionan a gobernadores por fondos de la soja

La decisión de Cristina de Kirchner de distribuir entre las provincias las retenciones a la soja disparó nuevos desafíos para los gobernadores, a partir de la obligación de adherir al proyecto de ley para recibir la lluvia de fondos, con el riesgoso aval a los tijeretazos a las exportaciones que ello conlleva.

Por eso, ya estallaron en el interior las presiones hacia los mandatarios -sobre todo, de distritos donde el campo pisa fuerte-para que no impulsen la venia legislativa con la que la Casa Rosada apuesta a atar a los líderes de los Ejecutivos más díscolos. Más allá de la promesa de mayores recursos, los planteos apuntan a no avalar una medida que tiende a potenciar el conflicto con el agro.

En medio del paro del campo, las embestidas en las provincias en tensión provienen tanto de los productores como de legisladores de la oposición e, incluso, de intendentes de localidades rurales, críticos de la política agropecuaria llevada adelante por la Presidente.

En otros distritos que no dependen del agro, en cambio, el trámite legislativo no se ve amenazado por mayores contratiempos.

Por de pronto, hoy enviará a la Legislatura el proyecto de adhesión el mendocino Celso Jaque (PJ), mientras que el bonaerense Daniel Scioli adhirió el pasado viernes y daba las puntadas finales para enviar el texto.

Por su parte, caciques provinciales que cuestionaron la iniciativa de coparticipar las retenciones, por profundizar el conflicto con el campo -como el ex radical K y hoy cobista Arturo Colombi (Corrientes)enviarán sin embargo la adhesióna las legislaturas para asegurarse la remesa, clave para sus distritos en tiempos de crisis y elecciones.

Días ásperos

Se trata, en rigor, de sólo un costado de los ásperos días que deberán transitar los gobernadores, en plena campaña electoral, tras el anuncio del pasado jueves. Otro duro tironeo ya se siente también en las provincias, de la mano de los previsibles intentos de los intendentes de asegurarse una mayor tajada en la recepción de fondos, en el caso de aquellos distritos donde la ley de coparticipación municipal no define porcentajes de reparto prefijados.

Veamos dos postales que muestran el nuevo escenario de presiones que deberán enfrentar los mandatarios, más allá de que buena parte de ellos festejó la prometida transferencia de recursos:

En Córdoba, trece legisladores nacionales pidieron en un documento al gobernador Juan Schiaretti, que se oponga al Fondo Federal Solidario lanzado por la Casa Rosada, bajo el argumento de que «agrava el conflicto en toda provincia y que busca «estimular enfrentamientos entre sectores sociales y de disciplinar a gobernadores e intendentes».

«Si Schiaretti preside el interés general de los cordobeses y no es un ariete del kirchnerismo, ocupado sólo en cuestiones electorales, debe rechazar este trueque de 150 millones de dólares a cambio de seguir expoliando a nuestros chacareros y castigando al complejo metalmecánico, advirtieron.

El documento fue difundido por el diputado Oscar Aguad (UCR), con la adhesión de, entre otros, la radical Silvia Storni; los peronistas disidentes Jorge Montoya y Beatriz Halak, y Griselda Baldata (Coalición Cívica).

En sintonía, en Santa Fe, el intendente de Armstrong, Fernando Fischer, le pedirá al gobernador socialista Hermes Binner, que no apoye al Fondo Solidario porque -dijo-« adherir es ser cómplice de un robo que se le está haciendo al campo». «Sería mejor bajar las retenciones al 20 por ciento», remarcó.

Mientras tanto, arrancaron ya las primeras negociaciones entre gobernadores e intendentes en pos de definir la distribución de los fondos hacia las comunas.

Según el decreto presidencial, las provincias que expresen su adhesión al Fondo Solidario deberán establecer un régimen de distribución de esos recursos entre los municipios por no menos del 30% del total que reciba la provincia.

«Esto podría generar una ronda de negociaciones, dependiendo de los regímenes provinciales de coparticipación de impuestos, ya que no todas poseen los de distribución automática, ni en base a porcentajes», advierte un informe de la consultora Economía & Regiones.

Para los intendentes se trata de recursos clave en medio de los coletazos del conflicto con el agro y de la debacle financiera mundial, ya que estarán destinado obligatoriamente a obra pública, principal motor de la generación de puestos de trabajo.