Presos podrán aspirar a cargo de guardiacárcel

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura cinco proyectos que regulan el accionar del SPB, entre ellos uno que prorroga hasta enero de 2008 el estado de emergencia del servicio, otro que crea un nuevo escalafón para el personal y otro que otorga marco jurídico a reformas que ya se aplican por decreto, como la posibilidad de que un civil ocupe la jefatura de la fuerza.
El proyecto de ley de Personal prevé la posibilidad de que un ex preso condenado en una causa criminal por un hecho doloso pueda ingresar al SPB.
La iniciativa destaca que «se ha suprimido la prohibición de ingreso que prevé la ley vigente, de quien fuera condenado en causa criminal por hecho doloso, favoreciendo de este modo y desde esta institución la reinserción social del ex interno que desee formar parte del personal penitenciario».
En los fundamentos, el proyecto indica que «la creación de posibilidades laborales en el establecimiento para ex reclusos no solamente significa una excelente técnica de rehabilitación para ellos, sino que les permite demostrar que algunos presos efectivamente lo consiguen».
«Por ello -agrega-, los aspirantes con antecedentes penales ciertamente no deben ser rechazados».
Con respecto a la edad de los aspirantes a ingresar al SPB, se amplió la edad máxima
a 40 años e incluso prevé que «por razones de profesión esa edad pueda ser inclusive superada». También se autoriza a la jefatura del servicio a incorporar personal «sin estabilidad», que cumplirá funciones de acuerdo a un régimen contractual bajo la modalidad de «personal eventual», cumpliendo tareas específicas como personal temporario.
 Escalafón
Otros proyectos enviados por el gobierno crean un escalafón único para el personal y cambia la ley Orgánica del Servicio Penitenciario, disponiendo una jefatura; direcciones generales; direcciones de apoyo; complejos penitenciarios; unidades penitenciarias; alcaidías; anexos y módulos.
También se propone el «orden de mérito» para la actual carrera penitenciaria, privilegiando «las calificaciones y el estudio para el ascenso por sobre el mero transcurso del tiempo y la antigüedad en la institución», para lo cual se creará una Junta de Calificaciones.
Se restringe la utilización de armas, «habilitándose únicamente para los agentes que cumplan funciones en la Carrera Seguridad y condicionando esa portación al momento en que el agente se encuentre en servicio».
También se suprime la prohibición de participar en partidos políticos que regía para el personal penitenciario.