Previsible rechazo a reforma penal de Solá

El temor desde estos sectores surge por la posibilidad de que, además de eliminar el Tribunal de Casación, la reforma también termine poniendo fin a la Defensoría de Casación. Actualmente, en la provincia entre 80% y 90% de los procesos penales queda a cargo por defensores oficiales. El proyecto de ley que ingresó Solá a principios de mes no es claro respecto del rol que cumplirá la Defensoría de Casación, lo cual es interpretado como una posibilidad de que se debilite y desaparezca.
Como consecuencia de estas dudas, la AJB y entidades como APDH, la Comisión por la Memoria, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) están manteniendo contactos y preparan un documento crítico respecto de cómo encaró Solá el tema.
Mientras tanto, pedirán para hoy una audiencia al ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, «para plantearle que la defensa pública necesariamente debe estar unificada y coordinada. El proyecto de ley del Ejecutivo no lo garantiza», según precisó Gustavo Palmieri, director del Programa contra la Violencia Institucional del CELS, en declaraciones al platense Diario Hoy.
En la provincia hay actualmente 24.481 presos en unidades carcelarias y sólo 4.157 tienen condena firme. Con el argumento de que es necesario acelerar los procesos evitando las excarcelaciones polémicas -como sucedió con la de Hugo «La Garza» Sosa Aguirre-, Solá avanza en la reforma que también incluye triplicar la cantidad de juicios orales, tras convertir los tribunales de 70 en 210, al hacerlos unipersonales.