10 de octubre 2019 - 00:01

Corte: tras elecciones, Nación negociará con todas las provincias

Ayer Catamarca presentó intimación de pago ante el máximo tribunal (ya fue Santiago), y los otros 13 distritos que accionaron lo harán mañana.

Mauricio Macri y Hernán Lacunza.
Mauricio Macri y Hernán Lacunza.
Imagen: Noticias Argentinas.

Tras la cumbre de funcionarios de 18 provincias el martes en Buenos Aires, avanza el retorno de los gobernadores a la Corte Suprema de Justicia para que intime a Mauricio Macri a cumplir con la medida cautelar y pagar de inmediato la compensación derivada del reciente fallo del máximo tribunal que ordenó a Nación financiar el costo fiscal de las medidas presidenciales post-PASO sin erosionar la coparticipación.

La intención de los 15 mandatarios que accionaron es apurar el cobro sin demora, mientras que los otros 9 gobernadores que no presentaron demandas aspiran a recibir también la compensación que finalmente brote desde la Casa Rosada, en una suerte de “derrame político”.

Para ese segundo lote emanaron ayer señales positivas de filas gubernamentales. Desde despachos nacionales aseguraron a Ámbito Financiero que si bien “todavía no se inició el diálogo con las provincias por IVA y Ganancias”, llegado ese punto y a la hora de avanzar en una “solución”, no van a generar una “inequidad financiera entre provincias”.

“Nos vamos a sentar con las 24 provincias cuando pase el proceso electoral y la solución va a ser para todas por igual”, remarcaron, e hicieron hincapié en que no habrá distinción entre los distritos que accionaron en la Corte y los que no lo hicieron (Chaco, Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Corrientes y Jujuy) . “La solución será para las 24, sin discriminar a nadie”, enfatizaron.

No obstante, hicieron hincapié en que aún “no está claro el cálculo” y “resta consensuar el costo fiscal neto”, en el marco de la causa Entre Ríos que avanza en la Corte, y tras el pedido de aclaratoria y de una audiencia Nación-gobernadores elevado por el Gobierno.

“Lo primero es esperar lo judicial, y consensuar el costo fiscal neto”, dijeron.

Con ese guiño -no oficial- se fueron ayer de su reunión con el ministro de Hacienda nacional, Hernán Lacunza, el gobernador chaqueño Domingo Peppo y su ministro Cristian Ocampo, según trascendió desde el distrito, que apostó primero a un reclamo “administrativo”.

En paralelo, y tal como lo informó ayer este diario, mientras que la primera presentación de una intimación de pago ante la Corte fue elevada en la mañana del martes por el Gobierno del santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico), ayer se sumó la justicialista catamarqueña Lucía Corpacci.

Por su parte, las otras 13 provincias que cosecharon la cautelar de la Corte tienen previsto concretar la presentación mañana, en línea con lo acordado en el cónclave de Fiscales de Estado y ministros de Economía del martes en la Comisión Federal de Impuestos (CFI). Restan los escritos de Entre Ríos, San Luis, San Juan, Tucumán, Chubut, La Rioja, Salta, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Misiones.

En lo que respecta a Catamarca, en la presentación -a la que accedió Ámbito Financiero- Corpacci pidió que “se ordene al Estado nacional dar cumplimiento inmediato con la medida cautelar, otorgando las compensaciones por los efectos fiscales de la aplicación de los decretos 561/2019 y 567/2019”.

El foco está puesto en el paquete de medidas post-PASO (y proconsumo) de Macri, que erosionan las remesas coparticipables. El mix incluye la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica. A principios de este mes, la Corte ordenó a Nación cesar con ese tijeretazo en las remesas.

En el escrito rubricado por el asesor general de Gobierno de Catamarca, Pablo Gallardo, argumentan que “el Estado nacional efectuó presentaciones evidentemente dilatorias, pretendiendo soslayar el cumplimiento de la medida dispuesta”. Ello, en referencia al reciente pedido al máximo tribunal de aclaraciones para cumplir con el fallo, y la solicitud de una audiencia entre el Estado nacional y los gobernadores para conciliar la manera de cumplir con la orden.

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