Kicillof apura ley impositiva y diálogo clave con acreedores

Ambito Nacional

El Gobierno pule proyecto de norma tributaria 2020 para enviarlo entre hoy y mañana a la Legislatura, y sancionarlo el jueves. Incrementarán presión sobre sectores de mayor poder adquisitivo.

Aprobado ya en la madrugada del viernes su paquete de emergencias en la Legislatura, Axel Kicillof se abocó de lleno a enfrentar un segundo mix de desafíos, que incluye la sanción de la ley impositiva 2020 -augura un incremento de la presión tributaria para sectores de mayor poder adquisitivo- y la apertura del diálogo con acreedores privados externos.

“Así como dije que hay que dar amplias facilidades de pago a los que tienen deudas porque su nivel de rentabilidad fue muy bajo, también hay que tratar de gravar más a aquellos que tienen más poder de ingresos o patrimoniales”, aseguró el pasado viernes el mandatario.

No obstante, remarcó que se llevará adelante “dentro del marco de razonabilidad que implica una situación tan grave como la que se vive”.

“Hay que tener en cuenta la capacidad contributiva para que la estructura tributaria sea progresiva, porque cuando todos los niveles de ingreso o de patrimonio pagan impuestos de igual manera los tributos se vuelven regresivos e injustos”, sentenció.

Con ese objetivo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, se centraron en dar las puntadas finales al texto, que será enviado entre hoy y mañana al Parlamento. La pretensión es que sea tratado el próximo jueves en la Legislatura, en el marco de las sesiones extraordinarias y junto con el nombramiento de los directores del Banco Provincia.

En medio de un fuerte hermetismo, desde filas del oficialismo provincial enfatizaron que el objetivo central de la ley impositiva será darle mayor progresividad a la estructura, con foco además en no afectar a los sectores más vulnerables y golpeados por la crisis.

Consultas

En paralelo, el Gobierno bonaerense anunció el viernes su decisión de iniciar un proceso de consultas con sus acreedores privados externos, “sobre la base de la buena fe” y con foco en definir medidas para “asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial”. En el horizonte cercano aparece un primer duro desafío: el vencimiento en enero de u$s570 millones.

Desde el entorno del Frente de Todos aseguraron ayer a este diario que por el momento las reuniones se desarrollarán en el país, mientras que evaluarán si es necesario viajar en los próximos días.

“La provincia necesita de una estructura de deuda sostenible que le permita afrontar todos sus compromisos, incluyendo la salud, la educación, el trabajo y la producción”, argumentó Kicillof el viernes.

En el oficialismo enfatizan que la intención es “honrar todos los los compromisos de deuda que hay por delante”. Y remarcan que mientras que en 2015 el endeudamiento era equivalente a u$s9.362 millones, tras la gestión de María Eugenia Vidal hoy “equivale a u$s11.263 millones, un 20% más”.

Además sostienen que, tras la devaluación, en términos de pesos la deuda “se quintuplicó”. Y resaltan que también “hay que atender urgencias” para enfrentar “el deterioro social, productivo y de empleo en estos últimos cuatro años”.

En la madrugada del viernes, y tras una febril negociación con las terminales de Juntos por el Cambio, la Legislatura sancionó el paquete de leyes de emergencia social, económica, productiva y energética enviado por Kicillof, aunque con algunas modificaciones. Se ratificaron también las emergencias en Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos; y Administrativa y Tecnológica.

Las emergencias permiten al gobernador reasignar partidas, congelar tarifas por 180 días, rescindir contratos del sector público, renegociar deudas con tenedores de bonos y proveedores y poner en marcha programas de renegociación de deudas impositivas de microempresas.

“Logramos frenar los superpoderes que pretendía Kicillof y dejamos bien claro que el límite es la construcción de un relato distorsionado de la realidad de la provincia”, señaló, desde la otra vereda, el jefe del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad.

Para el diputado de la UCR, “el proyecto original fue un intento de construir un relato al querer declarar emergencia en todo, cuando la situación en la que el gobierno anterior dejó la provincia es muy superior a cómo la recibió en 2015”.

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