23 de diciembre 2003 - 00:00

Provincias firman hoy primer pacto fiscal de la era Kirchner

Se espera en el Ministerio de Economía de la Nación la presencia de algunos gobernadores y representantes de aquellas provincias afines al presidente Néstor Kirchner, como son los casos de Tucumán, Jujuy, Formosa y Entre Ríos, entre otras, que además son las que más necesitan de ayuda financiera para mejorar su situación fiscal. Comenzará así a concretarse el primer megaacuerdo Nación-provincias de la era Kirchner. Desde la cartera de Economía nacional pretenden incluir la mayor cantidad posible de distritos en el PFO 2004, ya que es una herramienta que permite un control de las economías de las provincias y, además, es vista con buenos ojos por el FMI. El PFO comenzó a implementarse en 2002 y durante 2003 fueron 16 los gobiernos que adhirieron. La intención de Nación es que durante el año próximo se sume una mayor cantidad de provincias, sin importar cuán apremiadas estén, ya que el objetivo de máxima será la obtención de superávit fiscal y el saneamiento general de las economías del interior.
Cabe recordar que una de las principales expectativas del acuerdo que Nación firmó con el FMI de cara a 2004 es cumplir la promesa de un superávit de 0,6% -sobre el PBI anual proyectado- para provincias, que representa $ 2.500 millones, superando los $ 2.140 que alcanzarían en 2003.
El jueves pasado, el Ejecutivo nacional firmó el Decreto 1.274 estableciendo una asignación máxima de $ 2.415 millones para financiar el PFO -el monto ya está aen el Presupuesto Nacional-, los cuales cubrirán los préstamos que se hagan a las provincias para afrontar déficit fiscales o servicios de capital de deudas que sean aprobados por Economía de la Nación.
Al igual que este año, la asistencia nacional se instrumentará a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, quedando sujeta al cumplimiento de las metas fiscales que contenga el acuerdo bilateral que firme cada provincia. A su vez, también estará disponible en el PFO 2004 el permiso para «contemplar la asistencia a determinadas jurisdicciones provinciales para regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales cuando ellos originen situaciones que puedan afectar el cumplimiento del programa». Este punto generó este año la queja de algunos gobiernos, que temen un uso discrecional de esta alternativa del PFO.

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