San Luis - La Legislatura provincial tratará y dará media sanción a un proyecto de ley creado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá que establece arresto para padres de menores que cometan delitos. La medida, una vez sancionada, incluirá penas por hasta 120 días de prisión y avanzará junto a una modificación del Código Contravencional sanluiseño.
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El proyecto será tratado sobre tablas y todo indica que el próximo miércoles recibiría sanción definitiva del Senado. Se da en el marco de la lucha contra la delincuencia que pregona Rodríguez Saá, que hace dos meses declaró la emergencia de seguridad en toda la provincia.
Según indica el proyecto presentado por el Ejecutivo, los padres de menores pueden quedar detenidos entre 10 y 120 días cuando «la omisión de vigilancia de quienes tengan bajo su guarda a menores de edad muestre una conducta facilitadora o permisiva de delitos». Esto significa que se penaría por delitos que los mayores responsables podrían haber evitado.
Se trata de penas que no se cumplirán en cárceles comunes, sino en establecimientos especiales o secciones separadas de los penales. «Se busca penar la responsabilidad de los padres, para intentar bajar los índices delictivos», expresó a Ambito Nacional, Andrés Vallone, vicepresidente de la Cámara baja, donde el oficialismo posee 35 de los 43 escaños. Con respecto a la aplicación de la medida (si se aplica a ambos padres o sólo a uno y la dureza de la pena) ésta «quedará a criterio del juez designado», indicó Vallone. Por su parte, la modificación del Código Contravencional incorpora la exigencia de devolución a sus dueños de los bienes robados que se recuperen, con plazos de 15 días para pericias y otro lapso igual para la restitución. Si esos tiempos no se cumplen, será causal de mal desempeño para el juez y podría determinarse su destitución.
El proyecto prohíbe también que los tribunales dispongan de los bienes secuestrados y establece que el Superior Tribunal debe subastar una vez al año todos los bienes que no hayan sido reclamados. Además, se prevé la creación de 22 fiscalías barriales.
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