Redobla Solá reclamo de ayuda a Nación por deuda

El panorama de «problemas de caja» afecta a la gran mayoría de los distritos y, a su turno, los gobernadores lo han hecho saber. El cordobés José Manuel de la Sota, por caso, afirmó la semana pasada que sin aumento de la recaudación no podrá aumentar sueldos, tal como le exigen los estatales de la provincia, que hoy realizarán paro y protesta masiva, en el aniversario del Cordobazo.
«Si la recaudación del primer semestre supera 20%, luego de julio, el gobierno está dispuesto a discutir con los empleados del sector público de qué manera mejoramos sus ingresos», indicó De la Sota, tras asegurar que «el año pasado Córdoba pagaba (en sueldos) $ 1.600 millones y este año paga $ 2.600 millones. Ningún otro organismo del Estado nacional, ni ninguna otra provincia dio un aumento tan grande como el que nosotros dimos».
 Problemas
Lo cierto es que Solá, así como no oculta su respaldo a una posible reelección de Kirchner, tampoco lo hace con sus pedidos -ahora públicos- hacia la Nación en pos de asistencia financiera y refinanciación de deuda. «Vivo con el agua cerca de la nariz», graficó, al reiterar públicamente el análisis de su ministro de Economía, Gerardo Otero, alertando sobre el riesgo de déficit fiscal para este año.
Según fuentes locales, en respuesta a estos dichos y ante los pedidos de Solá y los miembros de su gabinete, la administración federal ha prometido sostener la ayuda para Buenos Aires.
El monto total de la deuda bonaerense es de $ 30.000 millones, incluidos $ 18.000 millones de deudas con el Estado nacional. Los vencimientos de este año suman $ 3.500 millones para Buenos Aires, $ 2.450 millones de los cuales corresponden a la Nación y $ 800 millones a organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial. Los restantes $ 250 millones son las primeras cuotas de los nuevos bonos, con los que la provincia salió del default.
Nación ya concedió a la provincia un préstamo de $ 2.000 millones, en tanto que se espera que ante los récords de recaudación nacional, la coparticipación sea unos $ 500 millones más elevada que la presupuestada. En tanto, los $ 1.000 millones restantes deberán pagarse de los fondos que estaban calculados originalmente por caparticipación.
Por fuera de estos números está el gasto primario (pago de sueldos más servicios, compras y todas las erogaciones propias del funcionamiento del Estado). Es éste el resultado que podría terminar en rojo -alrededor de $ 1.000 millones-, según los cálculos de Solá.
Como se señaló, la ayuda de Nación estaría comprometida «de palabra» por Kirchner, pero tampoco se puede pasar por alto el límite que implican las necesidades que también tienen otras provincias, también oprimidas por los vencimientos de deuda.
La situación se da en el marco de la necesidad de respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impone control al gasto y endeudamiento de Nación y provincias. Cabe igualmente señalar que estudios privados ya han advertido sobre la posibilidad de que al terminar el actual ciclo se verifique un incumplimiento en algunos puntos de esta ley fiscal a la que adhirieron 18 provincias.