El mandatario cordobés abroqueló a los jefes municipales a su lado, en clave electoral, y puso en una encerrona a los parlamentarios que representan a su provincia. Un organismo oficial puntano encendió las alarmas por la pérdida del beneficio.
El gobernador Martín Llaryora reunió a los intendentes de 13 departamentos que se verían afectados si se cae el beneficio de Zona Fría.
La cámara de Diputados tratará este miércoles en sesión el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que redefine el régimen de Zona Fría, una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza que busca limitar los subsidios al gas natural en provincias que habían sido incorporadas al beneficio por la Ley 27.637 de 2021.
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La discusión llega al recinto en medio de una fuerte resistencia provincial, con gobernadores, intendentes y funcionarios de distintos distritos movilizados para frenar lo que consideran un "tarifazo encubierto" en pleno umbral del invierno.
El oficialismo logró dictamen exprés en comisiones para la iniciativa que modifica el régimen de subsidios al gas. Según el texto, el beneficio pleno del 50% se mantendrá sólo para las zonas históricas: la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna.
En cambio, para las localidades incorporadas por la ampliación de 2021 -que incluye gran parte de Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y otras provincias- el descuento dejaría de ser automático para todos los usuarios residenciales y quedará restringido a los hogares de menores ingresos incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Además, la bonificación se calcularía solo sobre el precio del gas y no sobre toda la estructura de la factura, lo que reduciría aún más el impacto del beneficio.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, tomó la delantera en la resistencia provincial y encabezó este lunes un encuentro con intendentes de 13 departamentos en el marco de la Mesa Provincia Municipio. Allí, el mandatario peronista rechazó la iniciativa nacional y la calificó como "un golpe directo al bolsillo de más de 600.000 familias cordobesas". Según el gobierno provincial, la quita del subsidio podría generar aumentos de entre el 42% y el 100% en las facturas de gas, dependiendo del tipo de usuario.
"Va a perjudicar a casi dos millones de cordobeses. No tendría que tener discusión esta legislación que quieren aprobar ahora, qué diputado o qué senador puede acompañar una medida que va a perjudicar a casi dos millones de cordobeses", enfatizó Llaryora, instando a los legisladores nacionales por Córdoba a rechazar la iniciativa.
El gobernador cuestionó además los reiterados recortes a la provincia: "Pagamos retenciones, a otros le dan regalías. Nos sacaron el subsidio al transporte, nos sacan los subsidios energéticos, se los dejan al AMBA, le dan la ventaja al sur... Hay que empezar a ver que nuestros diputados y senadores se pongan la camiseta de Córdoba".
En tono desafiante, Llaryora invitó a los legisladores porteños a visitar el interior: "Que vengan un rato, que vengan de mangas cortas un ratito, a ver cómo van a entender", dijo al mencionar localidades de Traslasierra como Mina Clavero o La Posta, donde se registran temperaturas de hasta seis grados bajo cero.
La decisión del mandatario cordobés también fue leída en clave electoral, rumbo a los comicios de 2027, porque le permitió abroquelar a jefes municipales a su lado, como parte de una estrategia más general en la que busca peronizar la gestión para confrontar con La Libertad Avanza, su principal adversario.
En San Luis la preocupación también es extrema. Laura Giumelli, titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE) y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-2036, envió una carta a los legisladores nacionales que representan a la provincia -los diputados Ernesto Alí, Carlos Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández, y los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino- alertando sobre las graves consecuencias que implicaría la aprobación del proyecto. Una fuente confirmó a Ámbito que parlamentarios de Innovación Federal votarían en contra de la modificación.
En su nota, Giumelli sostuvo que la derogación de la Ley 27.637 dejaría sin subsidio a casi todos los departamentos de San Luis, pese a que "muchos de esos suministros se encuentran en zonas bioclimáticas de alta amplitud térmica que registran temperaturas bajísimas, incluso a nivel país".
La funcionaria advirtió que el impacto económico para los usuarios residenciales oscilaría "entre $10.000 y $40.000 por mes", una cifra que podría empujar a muchas familias a la "pobreza energética", definida como la asignación de más del 10% del ingreso doméstico para cubrir requerimientos energéticos.
Giumelli también cuestionó la lógica del proyecto: "Creemos que el debate en relación al acceso, inversiones, precios y tarifas en materia energética tiene que ser articulado a partir de múltiples parámetros, con participación efectiva de las provincias, donde la diversidad bioclimática y el acceso a los servicios es una parte esencial del debate. Sin embargo, el proyecto de Ley persigue la disminución de subsidios, sin distinción de las realidades geográficas".
Mendoza es otra de las provincias que se juega su inclusión en el régimen. Si bien el Presupuesto 2026 había intentado recortar el beneficio en diciembre pasado, la oposición logró frenar el capítulo XI que lo incluía, salvando por entonces a la provincia de perder el subsidio. Ahora, con un proyecto de ley específico, la amenaza volvió.
El diputado nacional Martín Aveiro advirtió que la eliminación del beneficio en Mendoza afectaría a 400.000 hogares. Desde medios locales, se señala que la iniciativa del presidente Javier Milei llega "en el umbral del invierno" y que miles de mendocinos podrían terminar pagando el doble por el gas.
La resistencia mendocina ya se había manifestado en diciembre, cuando siete de los diez diputados nacionales por la provincia votaron a favor del Presupuesto pero también apoyaron el capítulo XI que fue rechazado por la oposición. La votación de entonces -123 votos en contra, 117 a favor y dos abstenciones- dejó en evidencia la división del bloque oficialista y la fuerza de la resistencia provincial.
En estos últimos días, por medio de un proyecto de Resolución le solicitan al gobernador Alfredo Cornejo que “realice todas las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional y ante los legisladores nacionales por Mendoza, para que respalden la plena vigencia de la Ley 27.637, de Régimen de Zona Fría”.
La senadora provincial Flavia Manoni, autora del proyecto, le pidió al primer mandatario que rechace cualquier modificación que implique la reducción o quita de beneficios tarifarios para los usuarios de gas de Mendoza.
La legisladora de La Unión Mendocina, remarcó que "!la intención del Gobierno nacional de retrotraer la Ley de Zona Fría al esquema previo a 2021 significaría que solo el departamento de Malargüe conservaría el beneficio por defecto. Esto ignora las condiciones bioclimáticas del resto de la provincia, donde las temperaturas invernales suelen alcanzar niveles críticos bajo cero".
En su momento, en 2021, los representantes por Mendoza que votaron a favor de la implementación de la Zona Fría fueron Alfredo Cornejo (hoy gobernador en segundo mandato), Omar De Marchi (actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas), Federico Zamarbide, Claudia Najul, Luis Petri (hoy de nuevo en una banca), Jimena Latorre (ministra de Energía de Mendoza); todos de Juntos por el Cambio. También lo hicieron José Luis Ramón (Protectora-PJ), Omar Félix (hoy intendente de San Rafael), Marisa Uceda, y Eber Pérez Plaza, del peronismo-kirchnerismo de entonces.
La sesión de este miércoles fue convocada por La Libertad Avanza e incluirá en su temario el proyecto de Zona Fría junto a la "Ley Hojarasca" y una serie de tratados internacionales. El oficialismo buscará la media sanción, pero enfrenta un escenario complejo: en diciembre pasado, la oposición ya demostró que podía reunir los votos necesarios para frenar el recorte.
Con el invierno a la vuelta de la esquina y millones de familias en juego, la discusión promete ser una de las más calientes del año legislativo. Mientras desde el Gobierno sostienen que el objetivo es "reordenar el régimen vigente y vincular la asistencia con el esquema de subsidios focalizados", las provincias advierten que detrás del discurso de la eficiencia se esconde un ajuste que golpeará directamente a los bolsillos de quienes más lo necesitan.