Riesgo: exigen otra suba a gobernadores

El movimiento se ha vuelto una mecánica de estos tiempos electorales en los cuales ningún gobernador se atreve a oponerse a exigencias sindicales. Las rebeliones encabezadas por docentes de Neuquén, Santa Cruz y Buenos Aires fueron este año ejemplos muy elocuentes del riesgo que acecha a los gobiernos que ofrecen resistencia. En el caso santacruceño costó la salida del mandatario Carlos Sancho, mientras que en los otros dos distritos las protestas y el escándalo -torcieron el brazo del patagónico Jorge Sobisch y del bonaerense Felipe Solá y se cobraron la vida del docente neuquino Carlos Fuentealba.
Bajo estas reglas de juego, sumando el avance de la inflación que ayuda a legitimar el reclamo salarial, la mayoría de los mandatarios ha optado por otorgar las subas sin hacer mayores cuestionamientos. Es así como las provincias se encuentran forzadas a seguir el ritmo que plantea la Casa Rosada, sin importar que el pago de haberes abarca 10% del presupuesto nacional, contra alrededor de 50% del de las provincias.
De este modo, el «ejercicio» que deberán cumplir ahora los gobernadores es emular el fruto de la última negociación del Consejo del Salario, que situó al salario mínimo en $ 980, «por encima de la línea de pobreza para todos los argentinos», tal como explicó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En rigor, el mes próximo la suba será hasta $ 900 y en diciembre se llegará a $ 980.
En definitiva el acuerdo alcanzado a nivel nacional entre Kirchner y Moyano arroja un incremento en torno a 22%, el cual servirá como guía -y piso- para todo reclamo gremial de aquí en más dentro de las provincias. En tanto que sumaría más presión en caso de concretarse el incremento de 18% del salario familiar que se está negociando.
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Vale recordar el promocionado anuncio del ministro de Educación, Daniel Filmus, cuando todavía soñaba con llegar a la Jefatura de Gobierno porteña y, en la antesala del inicio del ciclo lectivo, anunció
-sin consultarlo con ningún gobernador- que el mínimo de bolsillo docente pasaba a ser
$ 1.040. Acto seguido, estallaron conflictos sociolaborales en todo el país, con docentes exigiendo subas análogas -en dinero o porcentaje del incremento-, con graves resultados tales como los citados de Neuquén y Buenos Aires.
Esta vez no será la excepción y, por caso, en tierra bonaerense los gremios no esperaron ni una semana para exigir a Solá el aumento. El gobernador dijo varias veces este año que el presupuesto no le permite otorgar más incrementos, pero igualmente se reunirá en paritarias mañana con un grupo de gremios agrupados en la Federación de Gremios Estatales de la Provincia (Fegpeba). «Se tomará como eje el básico de $ 980 acordado por la CGT a nivel nacional», anticipó Susana Laburu, titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme).
«Vamos a volver sobre el reclamo salarial y además vamos a reiterar los tres puntos que se plantearon en la paritaria anterior (el 21 de junio) y que quedaron sin respuesta por parte del gobierno», detalló la dirigente.
La situación es delicada para Solá, que atraviesa los últimos meses de mandato y tiene la misión de allanar el camino a Daniel Scioli, el candidato que eligió el kirchnerismo para la sucesión. Justamente, el déficit de las cuentas públicas es tema excluyente y, de hecho, generó opiniones encontradas entre ambos. Mientras Scioli llegó a hablar de un rojo de $ 3.000 millones, Solá da cuenta de
$ 2.300 millones y, además, subraya que el número final es de $ 600 millones, al tomar en cuenta el financiamiento obtenido. En el medio están, en tanto, unos $ 500 millones del último aumento a docentes que Solá aún reclama que lo financie Nación.
A otra escala, la situación de Buenos Aires sirve de base al resto de los gobiernos, ya que manejan números salariales mucho más pequeños, pero también presupuestos muy inferiores. En tanto, los acuerdos salariales de Nación quitan argumentos y poder de negociación a los gobernadores en sus provincias.
A su vez, el Ministerio de Economía presiona con el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Antes de caer en desgracia la ahora ex ministra Felisa Miceli exigió poner atención en el control del gasto, ante un año que recuperó el fantasma del déficit. Pero desde el interior replicaron que sin control de las variables inflacionaria y salarial por parte de Nación, la situación fiscal de las provincias no es viable. En ninguno de los dos casos parece estar siendo contemplado el pedido de los gobernadores.