Impactados por la crisis del agro, los intendentes y jefes comunales de distintos puntos del país se ven obligados a realizar riesgosos malabares financieros para afrontar sus obligaciones municipales, entre ellas el vital pago de salarios. Asimismo, se ven forzados a demandar cada vez con mayor urgencia una revisión de la coparticipación provincial ante los gobernadores, muchos de los cuales también sufren los desaires del gobierno nacional en materia financiera. La obra pública es cada vez más un lujo, y la recaudación sólo alcanza para resolver temas de urgencia. Igualmente, el conflicto desatado por el aumento en las retenciones móviles a los granos derivó en una grave crisis económica, principalmente en las localidades que tienen al agro como columna vertebral de su economía. La ruptura en la cadena de pagos es el principal argumento de los intendentes en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, entre otras provincias. También Mendoza afronta conflictos en ese terreno, en los que el signo político de los jefes comunales es de gran influencia, en medio de la disputa que protagonizan Cristina de Kirchner y el vicepresidente mendocino, Julio Cobos. La situación resulta en una baja profunda en la recaudación de los municipios, con sueldos que no alcanzan a pagarse, a lo que se suma la inflación y el incipiente enfriamiento de la economía.
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Prioridades «En este contexto de crisis embrionaria, lo primero que el contribuyente deja de pagar son las tasas municipales, ya que los servicios son necesarios para la vida diaria. De ahí la desesperación por la recaudación. Es el primer signo del inicio del parate económico», lanzó un funcionario cordobés, que articula la relación con los municipios. En Santa Fe el panorama se presenta insostenible. Por caso, el intendente de Rufino, el jefe comunal de Chabás y el titular municipal de Villa Cañás pidieron cambiar porcentajes en la coparticipación provincial y propusieron ideas. La mayoría aún no lo hizo por falta de recursos y el panorama que se avecina parece ser aún más complejo. Para algunos mandatarios «las comunas y municipios pueden desaparecer, de persistir esta situación».
Gastos c «Es imposible enfrentar gastos que se avecinan cuando la recaudación bajó notoriamente. Recortamos horas extras y redujimos todo tipo de obra pública para cumplir con lo mínimo y esencial. Sólo recaudamos para pagar sueldos y esto en algún momento va a explotar», explicó el intendente de Rufino, Jorge Giordano. «Tendremos que sentarnos a hablar con la provincia para lograr una mayor coparticipación a los municipios porque si no la situación explotará a corto plazo. La gente del campo no paga las tasas y prueba de ellos es que apenas 17% lo hace. Además el inmobiliario rural está muy bajo, pero tocarlo hoy sería difícil por el conflicto con el campo», agregó. c El jefe comunal de Chabás, Osvaldo Salomón, opinó que «si no aumenta la coparticipación no se podrá hacer frente a los aumentos salariales y de no revertirse esta situación de crisis que se vive en la provincia tendremos que pensar en reducciones de personal». Por su parte, el intendente de Venado Tuerto, José Freyre, admitió que «de no mediar alguna solución habrá que recortar las obras públicas, los servicios y en última instancia suspender personal». También en Córdoba el paisaje se torna complejo. La provincia adelantó 5 millones de pesos a municipios para pagar sueldos y aguinaldos -algo habitual otros años- pero que se repetiría los próximos meses. «Todos los municipios están acusando serias dificultades fiscales», sostuvo el propio ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore. Por eso es que el ajuste fiscal que prepara la provincia -con la extensión en el cobro de Ingresos Brutos- beneficiará también a los municipios. Los gobiernos locales registran caídas de 20% en la recaudación, con picos de hasta 40% o 50% en algunos tributos.
Clave El tema dominó las discusiones en la última reunión de la Mesa Provincia-Municipios, en la que algunos jefes comunales trazaron un crudo panorama, que se potencia por la incertidumbre en torno de la resolución del conflicto agropecuario. c «Necesitamos una solución que evite la destrucción de los pueblos y de las economías regionales. Aquí se ha sembrado 35% a 40% menos de trigo. A este ritmo, vamos a perder el eslogan de capital nacional de ese cultivo», se lamentó Fabián Francioni, intendente de Leones, ubicada en una de las zonas agrícolas más ricas de Córdoba. «Los intendentes está muy preocupados por la fuerte caída en la actividad económica, que repercute en el pago de tasas», señaló el secretario de gobierno provincial, Fernando Coiset. Igualmente, en la provincia de Buenos Aires, la reforma impositiva que impulsa el gobernador Daniel Scioli -que extiende el cobro de Ingresos Brutos a un sector industrial hoy exento-, ya genera una embestida de intendentes, en pos de una tajada adicional de fondos para hacer frente a las graves complicaciones que atraviesan sus arcas. Idéntica postal se observa en Mendoza, donde el gobernador Celso Jaque, volvió a enfrentarse con los intendentes por recursos. No obstante, el Senado provincial aprobó un fondo extra de $ 150 millones con el apoyo de todas las fuerzas políticas opositoras. Precisamente el paso del texto a Diputados fue lo que desató la guerra. Sucede que el PJ está empeñado en frenar la iniciativa y al mismo tiempo intenta imponer un refuerzo presupuestario de $ 147 millones, junto con créditos para los municipios por $ 31 millones, y $ 6 millones más para La Paz, Lavalle y Santa Rosa. Aunque también se cuela la interna justicialista entre diputados y senadores. No es, en rigor, la primera pelea que tiene Jaque con los intendentes. A fines de marzo, y ante el pedido de dinero para aumentos de sueldos, el gobernador desató la reacción de los jefes comunales al sugerirles que utilizaran un fondo -previsto originalmente para Seguridad- para los incrementos.
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