Por lo pronto, mientras el titular de la CGT, Hugo Moyano, y compañía siguen barajando números con el Ministerio de Trabajo, en torno a establecer el piso salarial en $ 800, los estatales de provincias grandes como Buenos Aires y Córdoba exigen a Felipe Solá y a José Manuel de la Sota un tratamiento similar y se han alzado en pie de guerra. La experiencia indica que, tarde o temprano, los gremios de todas las provincias terminan exigiendo sueldos equivalentes a los nacionales, obligando a un esfuerzo que en muchos casos los gobiernos del interior no podrán hacer este año sin ingresar en déficit fiscal. Nación destina alrededor de 10% de su abultado presupuesto al pago de salarios, pero este mismo ítem consume no menos de 50% de los fondos públicos de las provincias. Impacto Vale señalar que, sin contar una posible futura suba del haber mínimo, 2006 cerrará con un aumento de 21% en gastos de personal para el conjunto de las provincias (unos $ 6.000 millones) en comparación con 2005, según el cálculo de la consultora abeceb.com. En gran medida esto provocará una caída del superávit provincial por más de 41%. En el sector empresarial, la preocupación es muy fuerte, especialmente luego de que los representantes gremiales en la mesa negociadora del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil calificara de «poco seria» la propuesta que apuntaba a dirimir los aumentos salariales por zona, en forma escalonada y la posibilidad de compensar los aumentos con otros conceptos no dinerarios. Junto a los reclamos de empleados públicos de Buenos Aires y Córdoba (estos últimos harán paro por 48 horas desde el lunes y también habrá cese de actividad docente) hubo una serie de repercusiones en el interior. Por caso, la CGT de Catamarca solicitó ayer al gobierno provincial que convoque a la Mesa de Negociación Salarial para discutir un aumento de $ 170 en el sueldo básico de los empleados públicos, para llegar a los $ 800. A su vez, el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, opinó que la convocatoria a paritarias sería la fórmula más efectiva para consensuar el salario mínimo entre gremios y empresas.
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