Santa Cruz - La embestida del Gobierno nacional y de los distritos petroleros contra YPF repercutió de lleno en las finanzas santacruceñas: el déficit fiscal provincial alcanzará este año los $ 1.500 millones, casi el doble de lo proyectado, por la baja de los ingresos de regalías mineras vinculada con la falta de renegociación de contratos con la empresa.
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La administración del justicialista Daniel Peralta había presupuestado un rojo fiscal de cerca de 830 millones de pesos para 2012, pero el conflicto con la firma hispanoargentina cambió la realidad de las cuentas públicas provinciales.
El pasado martes, el secretario de Hacienda provincial, Héctor Martínez, reveló en una reunión del bloque del PJ de la Legislatura que el Gobierno debe quitar del proyecto de presupuesto 2012 los ingresos proyectados por regalías mineras.
Se trata de alrededor de 675 millones de pesos, que iban a ingresar a las arcas provinciales tras la renegociación petrolera con la firma y que, sumados a los 830 millones previstos, arrojan un rojo de 1.505 millones de pesos.
El Presupuesto 2012 fue calculado en unos 10.500 millones de pesos, por lo que el déficit alcanzará ahora a más del 15 por ciento de los recursos disponibles.
Santa Cruz es una de las provincias que más afectado tiene su presupuesto para el pago de salarios -casi el 50 por ciento-, dado que destina alrededor de 4.780 millones de pesos anuales a los sueldos públicos.
Modificación
En paralelo, los diputados oficialistas avanzarían en una modificación sobre el artículo del presupuesto que habilita al Poder Ejecutivo a asumir deudas sin necesidad de pasar por la Legislatura provincial, con el objetivo de restringir las posibilidades de endeudamiento en el marco de este panorama crítico.
El Gobierno provincial enfrenta serios problemas financieros desde octubre de 2011 -fue impactado de lleno por la pérdida de regalías producto de la parálisis petrolera por las huelgas-, y hace malabares para abonar sueldos y jubilaciones, sobre los que rige un tope de pago, en el caso de los montos más altos, desde diciembre.
A principios de este mes, Peralta dio marcha atrás con el controvertido proyecto de reforma jubilatoria y desactivó así un fuerte paro que los empleados estatales habían previsto en contra del ajuste.
Tras el fracaso en la Legislatura, Peralta recortó por decreto gastos de la provincia, lo que contempló la suspensión de la «designación de personal contratado y en planta transitoria» y «las contrataciones de locación de obra de personal en cualquiera de sus formas o modalidades».
El mandatario había argumentado que esas medidas estaban orientadas «a restringir al máximo aquellos gastos que son improductivos» y explicó que se dará «una muy fuerte restricción en todos los niveles».
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