Buenos Aires - Frente a la escalada de cuestionamientos disparados por el sector agrario y figuras de la oposición, el gobernador Daniel Scioli defendió ayer la reforma fiscal enviada a la Legislatura, que contempla subas impositivas y la creación de nuevos tributos. El oficialismo pretende trabajosamente tratar entre hoy y mañana en la Cámara de Diputados el proyecto, que sufriría reformas.
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El mandatario justicialista resaltó además que la iniciativa «tiende a corregir inequidades y distorsiones», la tildó de «totalmente racional» y aseguró que «la provincia no tiene números en rojo».
En la otra vereda, diputados de los bloques opositores -UCR, PRO, GEN, Coalición Cívica y el peronismo disidente- ratificaron en bloque la decisión de no conceder en la Cámara Baja el quorum necesario ni de avalar el proyecto en caso de ser habilitada la sesión. La incógnita es cómo se comportarán los diputados de la Concertación.
En las últimas horas el Gobierno dio varias señales respecto de la imperiosa necesidad de obtener el aval legislativo a esta Ley Impositiva 2010 (que también contempla medidas a aplicar este año, y de las dificultades con las que se topó para su aprobación), para lo cual entabló ayer intensas negociaciones con la oposición.
El paquete fiscal, por caso, disparó gruesas críticas desde entidades agrarias y gremios de trabajadores ligados al campo, ya que contempla una suba del Impuesto Inmobiliario Rural y la creación de un tributo a la carga y descarga en puertos que, alegan, impactará en el bolsillo de los productores y hará menos rentables a las terminales locales.
Ese malestar se tradujo en la reticencia de sectores opositoresa tratar en el corto plazo el proyecto en el recinto. Esa postal y presiones dentro del propio bloque complicaron al oficialismo en materia de garantizar el acceso al quórum, que ayer se negoció intensamente.
Esa instantánea convenció incluso al vicegobernador Alberto Balestrini de la conveniencia de suspender un viaje a Nueva York para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Rafael Perelmiter, desembarcó ayer en la Legislatura para explicar la letra chica de la reforma ante legisladores de los distintos bloques e intentar sumar votos para su tratamiento en el Parlamento provincial. La oposición salió a rechazar luego, en bloque, la pretensión.
Según fuentes legislativas, allí se discutió la necesidad de imprimir cambios en el texto oficial de la reforma, como un menor impacto del futuro nuevo tributo a la carga y descarga de mercaderías y el intento de exceptuar a algunos sectores de la provincia de una suba en el inmobiliario rural.
«Si logramos el quórum se aprueba», aseguraron por la tarde fuentes del bloque FpV-PJ de la Cámara baja. El dilema tenía que ver ayer con que el oficialismo cuenta sólo con ajustados 47 diputados para obtener el vital quórum, pero hay dos legisladoras con ausencia que ayer daban por confirmadas y algunas figuras cuyo comportamiento representan una incógnita, como el ahora ex ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, de buena sintonía con el campo.
Por eso la negociación apuntaba a lograr la venia para conseguir sentar a algunos de los legisladores de la Concertación, que reúne a radicales K y a algunos cobistas.
Escenario
Según leían desde el oficialismo, si finalmente se logra el quórum, los radicales accederán a sentarse en las bancas y el proyecto saldría además con el aval de la UCR y el GEN, fuerzas que tienen intendentes ávidos de que la recaudación se vea incrementada. Pero ayer esos partidos adelantaron que rechazarán el proyecto.
El paquete fiscal que aspira a conseguir Scioli contempla aumentos en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural y Automotor; la creación de un tributo «a la herencia» para el caso de que haya más de 3 millones de pesos en juego; un nuevo gravamen para la carga y descarga en puertos y el pago de sellos a la compra de autos usados, entre otros ejes.
La ley impositiva también apuesta a darle a ARBA la potestad por ley para secuestrar, sin orden judicial, vehículos con deuda de Patente.
Se trata de una embestida de Scioli que apuesta a aumentar la recaudación, y que se da en línea con las urgencias de caja que atraviesa la provincia, que prevé un déficit este año de cerca de $ 5 mil millones.
En este escenario, ayer trascendió una supuesta intención del gobernador de ampliar el Presupuesto 2009 en $ 1.000 millones, emisión de títulos mediante, para enfrentar pagos en las carteras de Salud y Desarrollo Social. Sin embargo, la versión no fue confirmada ni desmentida oficialmente.
En este marco, ayer el titular del bloque de diputados provinciales del PRO, Jorge Macri, consideró que es «absolutamente irresponsable plantear un tratamiento con esta urgencia de una ley con más de 115 artículos», y agregó que «es una reforma desesperada, expulsiva de la inversión y que persigue al interior, al campo y al trabajo».
Por su parte, el diputado Ramiro Tagliaferro, miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Cámara baja bonaerense, sostuvo que con este proyecto «se vuelve a dar un duro golpe al campo, aumentando el impuesto inmobiliario rural a través de una política tributaria regresiva».
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