También deuda pública, llave de electoralismo

Este escenario se completa con el presunto manejo discrecional de la distribución de obra pública y de fondos como los ATN, y con el tener la posibilidad de ejercer presión a gusto al otorgar aumentos salariales a sus empleados, los cuales, en efecto dominó, complican a provincias.El panorama global tiene, a su vez, situaciones particulares en las que se denuncia discriminación desde Nación, como San Luis, que reclama deudas por $ 1.032 millones, y Neuquén, que demandó al gobierno federal por ATN ($ 10 millones) y retenciones a exportaciones ($ 455 millones). Vale señalar que ambos distritos no comulgan con el kirchnerismo.
 Claves
Una de las claves de la relación Nación-provincias es la deuda pública. El pasivo consolidado provincial alcanza a los $ 75.300 millones, equivalentes a 1,3 presupuesto anual de recursos -según datos de diciembre 2004 publicados en un reciente informe de la consultora Economía & Regiones-. De la composición de este stock, 80% ($ 59.700 millones) provienen del endeudamiento concertado con el gobierno nacional.
El escenario se completa con la Ley de Responsabilidad Fiscal (25.917), la herramienta con la que Nación pretende dar una pátina de orden fiscal al país, cumpliendo con un pedido del FMI. La ley entró en vigencia este año y exige a las provincias adheridas que «en cada ejercicio fiscal, los servicios de la deuda instrumentada no superen 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios».
Para cumplir con dicha exigencia, según consta en el citado informe, «las jurisdicciones deberían establecer un programa de transición con el objeto de adecuar el perfil de la deuda, programa que debería presentarse ante el Consejo de Responsabilidad Fiscal». La situación no simple, ya que a comienzos de este año 11 provincias de las 18 que adhirieron a la mencionada ley no estaban, en principio, en condiciones de cumplir con el límite de 15%. Se trata de Formosa, Jujuy, San Juan, Río Negro, Tucumán, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Buenos Aires.
De este modo, las provincias se encuentran obligadas a encarar un proceso de reestructuración de la deuda con su principal acreedor, el gobierno nacional, acuerdo que podría tener como objetivos liberar los recursos afectados y reducir en términos relativos los servicios futuros en línea con lo establecido en la ley fiscal.
En este sentido, el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) -por el cual anualmente Nación refinancia deuda provincial y en este ciclo fue rubricado por Mendoza, Misiones, Tucumán, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba y Corrientes- tiene como misión dar algún oxígeno a los gobiernos, pero la firma de este acuerdo se tiñó de un fuerte componente político electoralista, transformándose en moneda de cambio para asegurar la docilidad de los gobernadores.
Paralelamente, y pese a la insistencia de varios gobiernos, la Nación no da señales de encarar una reestructuración macro de la deuda provincial, más allá de la coyuntura de cada año del PFO, la cual permitiría encuadrar en forma más sólida los vencimientos de deuda en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
 Concertado
El pasivo de provincias con Nación se encuentra concertado con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), por un total de $ 42.800 millones. De ese monto, cerca de $ 35.700 millones están reestructurados en las condiciones del Canje de la Deuda Provincial llevado a cabo por Nación (a 16 años de plazo, en pesos y con un tasa de interés de 2% nominal anual, sobre capital actualizado por el CER). En tanto que unos
$ 3.600 millones constituyen préstamos otorgados bajo el PFO, concertados a un plazo promedio de 5 años.
A su vez, cabe destacar toda la deuda financiera con Nación cuenta con la cesión en garantía y pago de los recursos coparticipables. Sólo los vencimientos de la deuda con el FFDP, Organismos Internacionales y Nación, representan la mayor parte de los servicios de la deuda (89 por ciento en promedio para el período 2005-2008). El resto de la deuda, lo constituyen bonos provinciales que no aceptaron el canje organizado por Nación (18 por ciento), por cerca de $ 13.400 millones, y unos $ 1.100 millones de deuda Consolidada (equivalente a 1 por ciento del total).