10 de enero 2024 - 16:51

Tucumán: dos nuevas identificaciones de desaparecidos en el Pozo de Vargas, la fosa más grande del país

En 21 años de investigaciones se han devuelto las identidades a 119 secuestrados y asesinados durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar.

El Equipo Argentino de Antropología Forense llevó adelante los trabajos en el Pozo de Vargas.

El Equipo Argentino de Antropología Forense llevó adelante los trabajos en el Pozo de Vargas.

Dos nuevas identificaciones de desaparecidos por crímenes de lesa humanidad se dieron a conocer este miércoles. Los restos fueron hallados en el Pozo de Vargas, que se encuentra en el municipio de Tafí Viejo, en Tucumán, considerada la fosa común más grande de Argentina.

De este modo y hasta el momento, ya se conocen 119 identidades de víctimas del Operativo Independencia y de la última dictadura cívico militar, cuyos cuerpos fueron arrojados al pozo que luego se tapó para intentar ocultar su existencia. Se trata de los restos del trabajador de la actividad azucarera Carlos Santillán y de un joven santiagueño de apellido Arévalo. La falta de precisión de este último, por ahora, se debe a que tres hermanos de esta misma familia fueron arrojados a la fosa.

Las notificaciones se produjeron la semana pasada y estuvieron a cargo de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que son los responsables de hacer los estudios e investigaciones de determinación de identidades de restos que, en el caso del Pozo de Vargas, de 39 metros de profundidad, fueron extraídos por peritos arqueólogos y de otras especialidades del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).

Ambos grupos de científicos trabajan en esta investigación desde hace 21 años. La ausencia de una clara política nacional de apoyo a este tipo de tareas, con su contraparte en sectores del Poder Judicial Federal, generó marchas y contramarchas que se tradujeron -en varios períodos- en la escasez de fondos para los trabajos, lo que demoró los trabajos y su consecuente mora, frente al clamor de familiares por saber del destino de sus seres queridos desaparecidos.

El obrero del azúcar

La familia de Carlos Alfredo Santillán fue notificada en Tucumán por miembros del EAAF. Este último paso suele ser de mucha importancia por lo que implica para los familiares de la víctima que, por lo general, han atravesado por numerosos inconvenientes hasta llegar a ese momento. Se requiere, por estas mismas razones, de un trato especial, no es una simple comunicación. Este paso no implica la entrega inmediata de los restos y suelen pasar varios meses hasta que se concreta.

Santillán tenía 28 años cuando fue secuestrado el 11 de julio de 1976. Era un trabajador jornalero del ingenio azucarero San Juan, que se encuentra en el departamento Cruz Alta, al este de la capital tucumana. Vivía en cercanías de la planta, en el municipio de Banda del Río Salí, y se había comprometido con la actividad sindical, militando en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA).

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En Tucumán, se revelaron las identidades de 119 personas desaparecidas y asesinadas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar.

En Tucumán, se revelaron las identidades de 119 personas desaparecidas y asesinadas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar.

La familia ya había sufrido otra pérdida unos meses antes, al ser secuestrado Raúl César, dos años menor que su hermano Carlos, que también trabajaba en el San Juan. Aun está desaparecido.

A propósito de la identificación, su hermana Elsa reflexionó: "Por fin encontraron los restos de mi hermano Carlos, para mí fue de sentimientos encontrados, alegría y tristeza. Fue volver al pasado y recordar esas noches que vivíamos sobresaltados, sin poder dormir. No bajaremos los brazos".

Familia diezmada por el horror

La segunda notificación del EAAF se hizo en Buenos Aires. En este caso, se trata también de fragmentos de restos encontrados en el Pozo de Vargas y se sabe que pertenecen a un joven de apellido Arévalo. La historia de esta familia de Santiago del Estero, originaria de Los Juríes, departamento Taboada, es brutal porque hubo cinco desapariciones.

El primer caso es de Emilio Confesor, de 47 años, un obrero de la construcción que se había radicado en la localidad de Maquinista Savio, en Escobar, Buenos Aires. Fue "chupado" (eufemismo de los años 70 para mencionar un secuestro) el 28 de febrero de 1976 junto a su hijo Antonio, de 23 años.

Uno día más tarde, en Los Juríes, tuvieron idéntico destino los hermanos Alberto (27), Alfredo y Domingo Arévalo, también hijos de Emilio Confesor. Los restos óseos hallados en la fosa tucumana, de acuerdo a los resultados de los estudios, son compatibles con los dos últimos, los menores, por la poca diferencia de edades.

Al no tener hijos ambos, fue imposible identificarlos por la descendencia, otra vía para lograr determinar una identidad. Es decir, para esta familia aún se desconoce el destino de cuatro de sus miembros. Todos tenían vinculación con el peronismo.

La última referencia que se tiene de los hermanos Alberto, Alfredo y Domingo, surgida de testimonios en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizaron en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, es que fueron vistos en el exArsenal Miguel de Azcuénaga, un lugar que dependía del Ejército Argentino que está al norte de la capital tucumana y que fue utilizado como centro clandestino de detención. Allí, el EAAF halló también una fosa con restos pero con una cifra sensiblemente menor que en el Pozo de Vargas.

El Pozo

El pozo es de origen ferroviario y se encuentra a metros de las vías del tren, puesto que su construcción data de fines del siglo XIX, cuando se comenzó a extender la red ferroviaria por todo el país y las locomotoras eran a vapor. Es decir, necesitaban aprovisionarse a menudo de agua.

El paso de las máquinas a diésel convirtió en inservible el pozo, que quedó adentro de una propiedad privada, cuyo dueño era de apellido Vargas, de allí su denominación.

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La Justicia comenzó a investigar lo ocurrido en el Pozo de Vargas hace casi 21 años.

La Justicia comenzó a investigar lo ocurrido en el Pozo de Vargas hace casi 21 años.

En los años 70, por razones que aún se investigan, el lugar fue utilizado durante el Operativo Independencia y la última dictadura como fosa para arrojar restos de desaparecidos, que antes habían sido torturados y asesinados. Algunos, provenían de centros clandestinos de detención, como la exJefatura de Policía y el exArsenal Miguel de Azcuénaga, entre otros.

Por una denuncia de un particular y en base a testimonios de vecinos de la zona, la Justicia Federal abrió una investigación hace casi 21 años. En septiembre de 2023 la excavación llegó al fondo, de casi 40 metros de profundidad, pero continúan las tareas en los laboratorios del EAAF y del CAMIT, en donde existen importantes volúmenes de fragmentos de huesos y de materiales asociados, como billeteras, calzados, anteojos, cadenas con medallas o crucifijos, entre otros objetos.

La primera identificación de restos en el pozo fue el 11 de diciembre de 2011. Ese día, el EAAF comunicó que allí había sido arrojado el ex senador provincial peronista Guillermo “Chonga” Vargas Aignasse, desaparecido el 5 de abril de 1976, a los 35 años de edad, padre del actual legislador provincial electo Gerónimo Vargas Aignasse. Desde entonces se han sucedido las identificaciones hasta llegar a la cifra de 119 y se sabe que, al menos, a 31 restos faltan darles sus nombres y apellidos.

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