Visita dominada por denuncias del pasado

Mendoza - La organización buscará impedir que el paso de Cristina de Kirchner por Mendoza se enturbie con un episodio que enfrenta al gobernador Celso Jaque con organismos de DD.HH. y grupos kirchneristas encabezados por Jorge «Pampa» Alvarez, un amigo de militancia juvenil de Néstor Kirchner.

Es un asunto hipersensible para la Casa Rosada: en el Ministerio de Seguridad provincial fueron nombrados cinco funcionarios, entre ellos, el subsecretario, que según denuncian organismos y dirigentes kirchneristas participaron «en la lucha antisubversiva» durante la última dictadura.

La figura más inquietante es Carlos Rico Teijeiro, quien reconoció su participación en el GE78, grupo conformado durante el Mundial de Fútbol de 1978 para evitar disturbios políticos durante el evento. Además, según un informe que recaló en la Legislatura mendocina, también se lo sindica como «instructor» de oficiales para «la lucha antisubversiva».

El caso Teijeiro movilizó a organismos y agrupaciones kirchneristas, entre ellas, el partido Todos, que comanda el diputado Ricardo Puga, ligado al Movimiento de Unidad Popular (MUP), grupo que conduce Federico Martelli y se referencia en Oscar Parrilli.

En bloque, estos sectores planean aprovechar la visita de la Presidente para trasmitirle en público su queja por la designación de Teijeiro y los otro cuatro sospechados: Vicente Javier Chacón, Pedro Francisco Ledesma Chacón, Raúl Vega y Aníbal Gómez.

Los nombramientos operaron a través del ministro del área, Juan Carlos Aguinaga, del Partido Demócrata, que llegó al cargo tras un acuerdo político con Jaque, quien mantiene buena relación con la Presidente desde que ambos compartían banca en el Senado nacional.

Cerca de Jaque explican que ninguno de los cuestionados tiene denuncias penales por DD.HH. Y se ratificó a Rico Teijeiro: eso podría cambiar, dicen, si hay una sanción por parte de la Justicia Federal. Hubo, afirman, un certificado judicial que dice que no aparece implicado en ninguna denuncia.

«Hay pruebas fehacientes: cada cual tiene que hacerse cargo de los colaboradores que elige», retrucó Alvarez, que con Puga coordina la embestida.

La sensibilidad que el tema derechos humanos genera en Balcarce 50 forzó a la Casa Rosada a tratar de anticiparse a la crisis. De hecho, como delegado presidencial, recaló en Mendoza Luis Bordón, coordinador del Programa Antiimpunidad, para testear el clima político.

Toda una paradoja: el funcionario es el padre de Sebastián Bordón, joven que apareció asesinado el 12 de octubre del 97 luego de estar bajo «custodia» de la Policía mendocina. Diez años después, esa Policía la conduce Rico Teijeiro, a quien se acusa de haber tenido activa participación represiva durante la última dictadura.

El otro actor de la trama es Alvarez, recientemente electo diputado nacional, por el kirchnerismo, lista en la que fue incorporado por expreso pedido de Kirchner. Alvarez, apodado «Pampa», militó con el ex presidente a principios de los 70 cuando ambos estudiaban en La Plata.

En el 74, mientras integraba Montoneros, Alvarez fue detenido. Permaneció en esa condición hasta 1982. De la mano de Kirchner, el año pasado volvió a la militancia activa.

P.I.