Esta vez los interlocutores no serían la viuda del policía, Lorena Castro, quien insiste en que la causa «está paralizada», y su hija Marcia Agustina, sino los padres adoptivos del joven fallecido agente de la fuerza. La familia Sayago pretende activar así un reclamo que desde la órbita provincial no encuentra eco entre el gabinete de Carlos Sancho. De hecho, el propio ministro de Gobierno santacruceño, Jorge Barizat, protagonizó un fuerte cruce con los Sayago ante el pedido de una eventual reestructuración en el seno de la Policía Provincial. «Yo no voy a firmar nada sólo para darles el gusto a ustedes», habría deslizado Barizat a los Sayago. Por su parte, el jefe de la fuerza, Wilfredo Roque, hombre de confianza de Kirchner, reveló que una copia de la causa fue remitida hace más de treinta días al Ministerio del Interior de la Nación con el objetivo de que Gendarmería Nacional revise la investigación en calidad de veedor neutral. Se trata de una petición que a poco de la tragedia había formulado la viuda de Sayago a Kirchner durante la única audiencia que ésta mantuvo en Buenos Aires con el Presidente. Fuentes allegadas a la causa, que se sustancia en el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado, indicaron que efectivos policiales habrían formulado testimonios contradictorios en sede policial, en el marco del sumario administrativo, y en sede judicial, ante la magistrada Graciela Ruata de Leone.
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