Opiniones

Bombas para desarmar y una economía para rearmar

En una economía en la cual la producción de bienes y servicios se contrae sistemáticamente y las principales variables macroeconómicas se mueven con volatilidad y rumbo incierto, un acuerdo social se puede volver una herramienta de relevancia para retomar las sendas del crecimiento económico.

A partir de los resultados de las elecciones se abre un abanico de interrogantes sobre el plan económico que pondrá en marcha desde el 10 de diciembre el presidente electo, Alberto Fernández. Durante la campaña, una de sus principales propuestas fue la de impulsar un acuerdo económico y social entre empresarios y trabajadores. Conocida la voluntad popular, el pacto social toma una importancia preponderante para lo que viene en materia económica, ya que su enfoque es integral y contempla distintas variables: salarios, tarifas, precios de los alimentos, impuestos y tasas de interés.

En una economía en la cual la producción de bienes y servicios se contrae sistemáticamente y las principales variables macroeconómicas se mueven con volatilidad y rumbo incierto, un acuerdo social se puede volver una herramienta de relevancia para retomar las sendas del crecimiento económico.

Uno de los principales desafíos que enfrentará el equipo económico de Alberto Fernández será el de controlar la evolución de dos precios fundamentales para la actividad productiva: las tarifas de los servicios públicos y la tasa de interés. Controlar los importes de las facturas de los servicios públicos permitirá una baja de los costos de producción y cierta recuperación de la rentabilidad empresaria.

Simultáneamente, es necesario el control de la tasa de interés para facilitar el acceso al crédito al productor que requiera expandir su actividad con el objetivo de elevar la escala de producción o modernizar su estructura productiva.

De igual modo, el sistema impositivo será de vital importancia por dos cuestiones. Por un lado, para distribuir mediante transferencias a los sectores en situación de alta vulnerabilidad y por otro, para lograr superávit primario (que es la diferencia positiva entre los ingresos y los gastos antes del pago de los intereses de la deuda) y así compensar la salida de dinero a partir del déficit financiero (que es el resultado primario más el pago de los intereses de la deuda).

Es bien conocido que la situación social que se hereda es deplorable. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el año 2018 arrojó cifras más que alarmantes: el 29,3% de los chicos argentinos tuvo algún déficit alimentario y el 13% padeció hambre. En este escenario, urge abaratar el precio de los alimentos para combatir la pobreza y la indigencia.

Las continuas devaluaciones del peso, junto a una inflación incontrolable, en un contexto de elevado endeudamiento externo dan lugar a una inestabilidad macroeconómica que afecta al total de la economía. Por un lado, las devaluaciones del peso elevan la deuda pública y privada, ya que necesitamos más pesos para obtener un dólar, y cada vez mayor proporción de nuestra deuda está nominada en moneda dura.

Simultáneamente, aquellas actividades intensivas en insumos importados experimentan incrementos en los costos productivos (con la devaluación se necesitan cada vez más pesos para costear las importaciones). Esto impacta de manera negativa sobre el nivel de actividad, de empleo y las cuentas públicas, que en un contexto de crisis recauda menos impuestos (al menos aquellos impuestos ligados a la actividad económica).

Por lo tanto, es de suma importancia estabilizar la macroeconomía para ingresar en la senda del crecimiento que genere, al mismo tiempo, un aumento en la recaudación impositiva y un estímulo a la inversión y a la actividad económica. Claro está, la factibilidad de equilibrar la macro dependerá de la efectividad que tenga el próximo gobierno para atenuar los desajustes en las cuentas externas. Los primeros meses serán claves, por el volumen de la deuda heredada y los escasos dólares genuinos que se consiguen a través del intercambio comercial.

De lo que queda del año, el país enfrentará vencimientos por un total de 8.791 millones de dólares. En el 2020, el próximo gobierno deberá afrontar pagos de deuda por 37.000 millones de dólares (según la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Hacienda). Sin acceso a los mercados financieros internacionales, el desafío del gobierno entrante es llegar a un acuerdo con el FMI que sea viable. Es decir, que el país pueda afrontar sus compromisos sin que esto sea un condicionante para la recuperación económica.

Por lo pronto y en lo inmediato, el país debe abandonar el modelo económico actual de valorización financiera, que solo beneficia el carry trade (o bicicleta financiera), y perjudica de manera integral a la economía. Es menester regular la entrada de capitales de corto plazo que solo buscan beneficiarse con suculentas ganancias vía tasas de interés, para luego fugarlas hacia el exterior. La política monetaria y la tasa de interés deben estar en consonancia con las necesidades de las empresas productivas. Es fundamental que éstas obtengan créditos a bajas tasas para inversiones que expandan la infraestructura productiva e impulsen la generación de puestos de trabajo de calidad. A la vez, trabajar para elevar la competitividad del país que no se base solo en el tipo de cambio, sino mejorar la infraestructura logística y productiva y el management empresarial. La prioridad será estabilizar las principales variables macroeconómicas para lo cual el pacto social del próximo gobierno será clave. En un clima de inestabilidad como el vigente, las empresas no invierten, el mercado laboral se resiente y la actividad interna no se recupera.

* Director de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda e integrante del colectivo EPPA.

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