Decir que la Argentina no ha tenido ni tiene política agropecuaria no es ningún descubrimiento. Tampoco debería serlo el señalar que este sector provee al país más de 50% de las divisas por exportaciones, representa 15% del PBI, da trabajo por vía directa o indirecta a más de 35% de la población económicamente activa. Que mientras a fines de la década del '80 la Argentina producía aproximadamente 30 millones de toneladas de granos, con el inicio del nuevo siglo se llegó a los '70. Que la Argentina compite en el mercado mundial con EE.UU, la Unión Europea, Canadá y Australi a, que poseen sólidas políticas agrícolas desde fines de la Segunda Guerra Mundial, con impresionantes subsidios destinados al apoyo de su producción y su comercio.
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Todos estos datos no deberían ser desconocidos por los argentinos. Sin embargo, existe un amplio sector que parece desconocer la trascendencia de nuestro sector agroindustria l. Me refiero concretamente a gran parte de la «clase dirigente» argentina.
Recordar el perjuicio que causaron quienes irresponsablemente manejaron la cuestión del rebrote de la aftosa durante el comienzo de la administración de la Alianza, parece algo muy lejano. Sin embargo, ver lo que está ocurriendo desde enero a la fecha parece irreal.
Primero se creó el Ministerio de la Producción, con la consiguiente subordinación de la Secretaría de Agricultura, que a su vez, en la práctica, está subordinado al Ministerio de Economía. Así la Secretaría de Agricultura se convirtió en un organismo de tercer orden, cuya gravitación quedó en evidencia cuando se dictaron normas que afectaron a la actividad del sector sin su conocimiento. Aun más, durante un tiempo no hubo en la práctica secretario deAgricultura, habiéndose repartido cargos entre entidades que nombraron funcionarios por su grado de pertenencia sin que ello necesariamente esté vinculado a su nivel de capacidad o conocimiento.
A partir de allí la cantidad de marchas y contramarchas que se fueron dando muestra claramente la improvisación, irresponsabilidad, desconocimiento e importancia que la clase dirigente le está adjudicando al sector.
La falta de pago del IVA y el factor de convergencia (vigente hasta diciembre) generaron un conflicto que concluyó cuando se reconoció, luego de muchas idas y vueltas, la deuda del Estado con los exportadores, en dólares libre. Se pactó el pago en 19 cuotas, lo cual empezó, con dificultades, a cumplirse. A cambio los exportadores liquidaron divisas, hasta el 15 de abril por un monto de 1.100 millones de dólares. Sin embargo desde enero y hasta la fecha los exportadores y aceiteros decidieron que, debido a la inseguridad que el Estado les brinda respecto de la devolución del IVA, pagan sólo 90% del precio en las operaciones de compraventa de granos, liquidando 10% restante a los 120 días, sin ninguna clase de ajuste. Es decir que los productores están viendo una rápida licuación de ese 10% si consideramos que en los últimos 120 días el dólar se devaluó en 55% y que las perspectivas no son demasiado alentadoras sobre una reversión de esta tendencia. La implementación de las retenciones a las exportaciones de origen agropecuario, cuando desde el máximo nivel se prometió que ello no iba a ocurrir, es sin duda otro «éxito» para destacar de la «nueva política agrícola» que se implantó desde enero en nuestro país. Originalmente fueron de 10% y luego de 20%. Ello implica que el sector está transfiriendo alrededor de 2.000 millones de dólares para cubrir las incapacidades e ineficiencias de la «clase dirigente» de la Argentina. Y el tema no parece parar allí ya que hay muchos indicios que no permiten descartar un nuevo aumento de este tributo.
En la continuidad de normas que buscaron clarificar al sector sobre la «nueva política agrícola» se inscribe la pesificación de las deudas que los productores mantienen con los proveedores de insumos que originalmente fueron 1 a 1 y que luego se las transformó al tipo de cambio libre. Más allá de la razón que puede asistir a ambas partes involucradas, quedó claro una vez más la improvisación con que estos temas fueron manejados y que hace que aún hoy permanezca en una nebulosa que genera un permanente desgaste entre los sectores.
En el mismo orden puede mencionarse el famoso gasoil de $ 0,75. El campo, hoy en plena cosecha, difícilmente consiga gasoil por debajo del peso por litro, cuando lo consigue.
Este es parte del contexto real al cual se enfrentan quienes intervienen en algún proceso de la producción y comercialización de la principal fuente de riqueza con que cuenta nuestro país. La crisis dirigencial, en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, no es nueva. Sin embargo, cuando la improvisación empieza a hacerse tan visible, la preocupación adquiere niveles alarmantes. Máxime porque frente a esa improvisación, la reacción de los mejores es la de tratar de afrontar únicamente su propia crisis descuidando la visión global, sin considerar que la magnitud del problema exige soluciones globales con un mayor grado de participación de todos para poder desplazar la improvisación que hoy nos pretende dirigir. (*) Consultor privado. Ex gerente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
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