El "uso propio" de las semillas del agricultor argentino

El Gobierno de Argentina definió los alcances del "uso propio" que los agricultores hacen de las semillas obtenidas de una cosecha a partir de simientes comprados en el circuito legal, informó hoy la Secretaría de agricultura.

El secretario de esa cartera, Miguel Campos, dictó una resolución en la que se especifica qué se entiende por "uso propio", una práctica muy difundida en Argentina y que es objetada por las compañías desarrolladoras y comercializadoras de semillas.

La nueva resolución señala que un agricultor no tendrá que pedir permiso al dueño de la patente de una variedad vegetal protegida "cuando reserve y use como simiente en su explotación el producto cosechado, siempre que la nueva siembra no supere la cantidad de hectáreas sembradas en el período anterior".

Tampoco podrá utilizar en la nueva plantación un volumen mayor de semillas a la adquirida originariamente en forma legal, es decir, semillas fiscalizadas.

"La medida tiene como objetivos promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agropecuarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren, así como proteger la propiedad intelectual de las creaciones fitogenéticas", señaló la Secretaría en un comunicado.

Las autoridades agropecuarias añadieron que la resolución procura "garantizar a las empresas privadas e instituciones públicas condiciones aceptables para el desarrollo y comercialización de cultivares mejorados genéticamente".

Desde hace varios meses, multinacionales del sector como Monsanto y los comercializadores locales de semillas transgénicas se vienen quejando por lo que consideran un "abuso" en el "uso propio" de las simientes, lo que repercute en un menor cobro de derechos por el uso de la tecnología.

Según fuentes del sector, sólo el 20 por ciento de las semillas que se sembraron en la última cosecha fue fiscalizada, es decir, fue comprada en el circuito legal (el precio de estas simientes incluye el pago de regalía).

Monsanto ha interpuesto recursos judiciales para embargar en Europa embarques argentinos de soja transgénica por los que, según la multinacional estadounidense, no se le pagaron regalías.

La resolución oficial fue rechazada por la Sociedad Rural Argentina, una de las mayores entidades agrarias, que se quejó porque la medida fue tomada en forma "unilateral" y cuando los agricultores mantenían abierta una negociación sobre el "uso propio" con los comercializadores de semillas.

"Cualquier resolución que implique un cambio al sistema de siembra amparado por la actual ley de semillas debe contemplar un período de adaptación gradual hacia el nuevo esquema", sostuvo.