La Corte Suprema dio el primer paso para balizar el camino que la lleve a tomar una definición de fondo en la demanda por Coparticipación que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsó contra el Estado Nacional. El movimiento fue sutil pero alberga múltiples lecturas. Con la firma de tres de sus miembros, rechazó las recusaciones y las excusaciones planteadas por el Gobierno contra su decisión de fines de 2022 en la que definió otorgar una medida cautelar a favor de la administración porteña. El expediente había quedado congelado en esa instancia cuando el Frente de Todos tomó el fallo como la última declaración de guerra y desató toda su artillería recursiva, mediática y hasta institucional a través del pedido de juicio político a todos sus miembros. Superada toda la coyuntura y con una elección definida, la pregunta es si ahora el máximo Tribunal se perfila para dar una solución definitiva al asunto que puede oficiar de bienvenida a la nueva administración que cambió de figuras pero que tiene de un lado a Javier Milei y del otro a Jorge Macri, eventual beneficiario de una decisión favorable a lo que había planteado Horacio Rodríguez Larreta en diciembre de 2020.
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Corte Suprema reactiva causa por Coparticipación de la Ciudad
Descongeló el caso, rechazó recusaciones y balizó la senda para ratificar su cautelar. Despeja camino para ejecución de cautelar pero también queda en posición para un fallo de fondo, test de bienvenida para Milei.
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Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Coincidencia o no, los últimos debuts de gobiernos se terminan llevando bajo el brazo un fallo ligado a controversias por la coparticipación. La Corte despidió a Cristina de Kirchner con tres megademandas a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis que repercutieron durante el mandato de Mauricio Macri pero tuvieron prolongación en el de Alberto Fernández. Al finalizar la gestión PRO, el máximo tribunal deshilachó la serie de deducciones coparticipables que Macri había dispuesto para apuntalar el tramo final de su campaña y ahora debe dirimir si CABA debe recuperar todo o parte de lo que el Ejecutivo dispuso detraer del porcentaje que Macri le asignó a Rodríguez Larreta por el traspaso de la policía.
El expediente en Corte tenía -además de las recusaciones a todos sus miembros-, un recurso de “revocatoria in extremis” para que revea lo que ella misma resolvió. Desembarazándose del primer obstáculo, ahora podrá resolver el siguiente que tiene nulas probabilidades. Pero desencadenaría una ejecución de la propia cautelar. Con Sergio Massa como ministro de Economía se ideó el otorgamiento de bonos a la CABA como solución para afirmar que se cumplía con la cautelar, pero evitó el giro diario de fondos automáticos que por coparticipación se derivan del Banco Nación. Si la Corte ratifica su propia cautelar el nuevo gobierno no podría evitar depositar el 2,95% que fijó, pero con retroactividad a diciembre de 2022. Si va por el fondo y concede alguno de los reclamos de CABA habrá que calcular lo que se acumuló desde diciembre de 2020 pero, eventualmente, restarlo de lo que efectivamente percibió de más (si fuera el caso de un porcentaje menor al que fijó Macri pero superior al que lo redujo Fernández) y compensar saldos.
El Estado adujo que la Corte adelantó opinión en su cautelar del 21/12 y ya en febrero de este año agregó todo el paquete de supuestas conversaciones obtenidas del hackeo al teléfono de un funcionario porteño y el principal asesor de Horacio Rosatti. Ayer, con la firma de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, desestimó todo no sin recordar que no era válido plantear “excusaciones” y que las “recusaciones” eran improcedentes por no constituir causal de apartamiento. Aprovechó a fustigar que la justicia ya estableció que esos supuestos chats no eran admisibles como prueba de ningún proceso judicial por haber sido obtenidas por inteligencia ilegal. Ricardo Lorenzetti no se expidió sobre el tema ni firmó la decisión pero tampoco lo hizo en contrario, ni por su situación ni por la de sus colegas con lo que el efecto es que todos los miembros de la Corte se encuentran habilitados para seguir interviniendo en el expediente, uno de los capítulos del juicio político recientemente dictaminado y que no parece haber hecho mella en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
El asunto es un test también para el debut del gobierno de Milei de cara a cómo pueda digerir un eventual fallo contrario a la administración que conducirá.
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