El juez decretó quiebra de Ferro

Lo que se presuponía -finalmente-se hizo lamentablemente realidad: el juez comercial Rodolfo Herrera sentenció ayer la quiebra del club Ferro Carril Oeste y, como también era previsible, debió retirarse de la sede social de la entidad bajo fuerte custodia policial (junto a personal de Gendarmería), insultado y salivado por un grupo de manifestantes que lo aguardaban, enterados de la permanencia del magistrado para hacer efectiva la diligencia judicial.

A la lógica desazón que provocan circunstancias como la presente a todo tipo de hinchas, simpatizantes (y los muchos allegados y periodistas que tienen simpatías por este club lleno de historia), se conocieron otros elementos que -en definitiva-fueron tal vez las causales del descontrol de los muchos hinchas que acudieron a la entidad con el fin de evitar la medida. Es que había dos causas que -según circuló- llamaban la atención general: 1) que la quiebra se produzca por el reclamo de un pago de 53.520 pesos correspondiente a un doctor de apellido Toninelli, contador en la etapa que encabezaba la comisión directiva Marcelo Corso cuando había gestiones para un arreglo y 2) que la medida se produzca sintomáticamente a días de la feria judicial (cuando hace más de dos años que estaba declarada la convocatoria de acreedores) y sobre las fiestas navideñas. Situación que alteró el malhumor de los allegados al club. Algo que, si bien puede concretarse en este tiempo, hay letrados que sostienen que «por lo menos la situación es rara», porque Tribunales a esta altura de diciembre está en receso.

Consultados responsables de la comisión directiva señalaron que «el dinero para pagar la suma en cuestión para nosotros era cosa concluida. Se iban a abonar diez mil pesos ahora y el resto en enero» -explicó el vicepresidente, Sergio Damelio-, pero la presentación patrocinada por el abogado de Toninelli, de apellido Rupérez, fue inflexible. Señalan los «habitués» del club que esta persona tiene vinculación con ciertos «personajes» de comisiones directivas anteriores. Lo cierto es que los desaguisados de esas «responsables» fueron la causante de que el club llegara a un pasivo de 27 millones de pesos. El monto actual exigible por quiebras asciende a 975.362 pesos, que componen el déficit mencionado. La actual comisión directiva (y la gran mayo-ría de los socios) les apunta en estos momentos a algunos ex dirigentes: Marcelo Corso, Raúl Taúz y Héctor Hermida, contra quienes se cursó una demanda por administración fraudulenta; al tiempo que se investiga el libramiento de cheques a la orden de alguno de los nombrados, venta de terrenos y transferencias de jugadores (entre ellos, Martín Herrera y Diego Bustos) que no son del todo claras.

En medio de tanta desesperación, por lo menos los socios recibieron una buena noticia; «que los bienes no corren peligro» porque fueron nominados como Patrimonio Cultural de la Ciudad. Sin embargo, el vocal y abogado Eduardo Sreider no se detiene en su lucha, al puntualizar «había un acuerdo firmado desde hace tiempo con el doctor Toninelli, que si bien no fue cumplido, se habían encontrado los mecanismos para superarlos en esta instancia». Y se pregunta: «¿A usted le parece que Ferro puede entrar en quiebra por algo más de 50.000 pesos?».

Sin criticar la actitud del magistrado judicial en su contenido, no está de acuerdo en sus procedimientos: «Los funcionarios designados (contadores Osvaldo Varela y Jorge Oliva y el abogado Eduardo Andrada) debieron ser sorteados y no nominados «en forma directa» por el juez, que ni siquiera fundamentó las designaciones ni presentó los certificados de buena conducta y tampoco los antecedentes y otros requisitos establecidos.

Lo real y concreto es que Ferro deberá someterse a los dictados del fideicomiso. Un camino tan complicado como difícil de transitar. Una pena.