El Banco de Japón rechazó una renovada presión política para intensificar los esfuerzos destinados a combatir la deflación, diciendo que el Gobierno debería respetar la independencia de la institución si no quiere generar turbulencias en los mercados.
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El ministro de Finanzas Naoto Kan puso presión sobre el banco central esta semana, al decir que una inflación del 1 por ciento era el mínimo necesario para la estabilidad de precios, un nivel que Japón no ha logrado registrar en nueve de los últimos 10 años.
Pero el gobernador del Banco de Japón, Masaaki Shirakawa, descartó la adopción de una política de metas de inflación por considerar que concentrarse en las presiones de precios de corto plazo podría ir contra un crecimiento económico sustentable.
El funcionario desestimó además los llamados de algunas autoridades para que el banco central aumente sus compras de bonos del Gobierno para bajar las tasas del mercado.
"La política monetaria debería apuntar a alcanzar un crecimiento económico sustentable con estabilidad de precios. Es importante que el Gobierno respete esto, para asegurar la confianza del mercado", dijo Shirakawa en una conferencia de prensa.
El Gobierno, que enfrenta un creciente déficit fiscal, se ha estado apoyando en el Banco de Japón para apoyar la frágil economía, incluso cuando la mayoría de los bancos centrales de otros países desarrollados están analizando retirar las medidas de estímulo implementadas durante la crisis global.
El banco central ha dicho que está comprometido con la lucha contra la deflación, pero el comunicado emitido este jueves tras su reunión mensual y las declaraciones de Shirakawa arrojaron poca luz sobre lo que podría hacer en el futuro.
"Su postura reservada hacia una meta de inflación sugiere que la opinión del Banco de Japón no sería la misma que la del Gobierno", dijo Takafumi Yamawaki, estratega de BNP Paribas Securities.
Con las tasas de interés en 0,1 por ciento, el Banco de Japón tiene pocas herramientas para seguir combatiendo la deflación.
Un posible paso podría ser extender la duración o incrementar el monto de una operación de financiación a tres meses por 10 billones de yenes, introducida el 1 de diciembre. También podría comprar más bonos del Gobierno, estiman los analistas.
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