Abogados de víctimas de Madoff piden crear una Corte Financiera Internacional

Bernard Madoff

Cerca del 80 por ciento de los bufetes de abogados que representan a víctimas de la estafa de Bernard Madoff propusieron crear una Corte Financiera Internacional que se ocupe de atender casos que, como el suyo, dependen de varias jurisdicciones.

La Alianza Global de Abogados del Caso Madoff, constituida en febrero a iniciativa del bufete español Cremades y Calvo-Sotelo, presentará la propuesta a los ministros de Economía de los países del G-20 para que la estudien en su próxima reunión del 2 de abril en Londres.

"Un problema global requiere respuestas globales. Los políticos son quienes tienen la responsabilidad de impulsar medidas que aumenten la seguridad jurídica internacional, la transparencia y la confianza en el mercado, tan necesaria ahora", aseguró hoy el presidente de la alianza, Javier Cremades.

Durante una conferencia de prensa en Nueva York, Cremades explicó que su iniciativa "puede contribuir enormemente a la creación de nuevas herramientas para nuevos contextos y nuevos problemas financieros que, como en este caso, dejan a las víctimas con una gran indefensión y a los abogados con problemas para saber qué pasos son los más oportunos".

El financiero estadounidense Bernard Madoff fue detenido el pasado diciembre acusado de orquestar una de las mayores estafas de la historia, a través de un sistema de inversión piramidal por el que captaba fondos de particulares y de inversión con los que pagaba los elevados intereses que prometía a sus clientes.

El propio Madoff, que permanece bajo arresto domiciliario en Nueva York, cifró en su día la cuantía de la estafa en 50.000 millones de dólares.

Cremades explicó que su propuesta responde al compromiso adquirido por el G-20 en Washington el pasado noviembre con "la promoción de la integridad de los mercados financieros, el refuerzo de la cooperación internacional y la reforma de las instituciones financieras internacionales".

Por ello, expresó su confianza en que su planteamiento sea atendido por la comunidad política internacional.

"Las dimensiones de un fraude como el de Madoff, su extensión geográfica, cuantía y número de afectados convierten en una necesidad la articulación de instituciones como una Corte Financiera Internacional", argumentó.

Esa corte, cuya constitución debe contar con un "gran impulso político", debería tener competencias de "supervisión, inspección y sanción", aunque, según Cremades, los detalles de su propuesta serán desglosados la semana próxima en Madrid (España).

Lo que sí detalló es que "debería depender de los máximos órganos internacionales, como la ONU o el Fondo Monetario Internacional" (FMI) y habría de ser "de obligado cumplimiento para todas las entidades que prestan servicios en mercados internacionales".

"Con una entidad como esta, los afectados por fraudes financieros masivos que afecten a varias jurisdicciones, como ocurre en la mayoría de los casos de las víctimas del caso Madoff, tendrán la facultad de optar por la jurisdicción nacional que les corresponda o por la internacional", explicó.

"Solo con instituciones como la que proponemos podrá considerarse que los espacios para la impunidad se han visto reducidos y, así, quizás quien esté pensando en hacer algo parecido se lo piense antes dos veces", sostuvo.

La alianza ya ha comentado su propuesta con el presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (Uncitral), el español Rafael Illescas.

El martes presentarán en Washington la propuesta a la presidenta de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), Mary Schapiro, y el miércoles a James Segel, asesor del presidente del Comité de Servicios Financieros del Congreso, Barney Frank, así como al presidente del Mercado de Capitales del Congreso, Paul Kanjorski.

El grupo impulsor de esta iniciativa está formado por 46 bufetes de 21 países, lo que supone cerca del 80 por ciento de los despachos implicados en la defensa de los intereses de las víctimas de Madoff, que en total podrían alcanzar los tres millones entre particulares, empresas, fondos, bancos y administraciones.