Aceptó mínimo de $ 630 sindicalismo

Con la oposición de la CTA (siguen pidiendo $ 772), la anuencia de la CGT «dialoguista» y la abstención del campo, el gobierno logró que el Consejo del Salario votara subir el mínimo a $ 630. Era un capítulo clave en su plan electoralista. La incorporación se dará en tres cuotas que terminan en julio. A pesar de que el martes había dicho que el monto «no colma nuestras expectativas», Hugo Moyano pactó con la UIA y cerró en la cifra oficial, tras reuniones y llamados de ministros. Generará, lamentablemente, más empleo en negro y desocupación en un país que tiene una situación social aún muy delicada. Todo a contramano.

El naviero Horacio Martínez (UIA) y el camionero Hugo Moyano (CGT), a la cabecera de la mesa en la que se decidió elevar el salario mínimo a $ 630. En realidad, el acuerdo había sido sellado horas antes.

El salario mínimo, vital y móvil quedó fijado ayer en $ 630, después de que la CTA protestara, la CGT aceptara ese monto casi en silencio (luego de decir que pedirían un incremento mayor) y de que los empresarios convinieran incorporarlo en tres meses consecutivos comenzando en mayo, cuando su aspiración de máxima era «estirar» el plazo hasta setiembre.

Así, los $ 150 (de bolsillo; en realidad son $ 180 para que los descuentos no reduzcan el salario), que ya se están cobrando, se sumarán en tres etapas al actual mínimo de $ 450 de la siguiente forma: $ 510 en mayo (retroactivo), $ 570 en junio y $ 630 a partir de los salarios de julio.

• Conflictos

Se labró un acta, se firmó y Tomada pudo salir a la conferencia de prensa que lo aguardaba con un acuerdo que, de todos modos, no parece que pueda desactivar los conflictos salariales que vienen encadenándose desde el año pasado, en especial por tratarse de un año electoral.

La jornada del martes se había cerrado con signos poco auspiciosos para el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuando la central «rebelde» que encabeza el estatal Víctor De Gennaro pidió un mínimo de $ 772 y la CGT «dialoguista» amagó con empatar esa dureza. Sin embargo, reuniones celebradas hasta el mediodía de ayer entre Hugo Moyano y el naviero Horacio Martínez (el hombre fuerte de la Unión Industrial Argentina en esta negociación)allanaron el camino del acuerdo. Esa fue sin duda la intención del cuarto intermedio que se decidió el martes, luego de conocerse las posiciones sindicales.

Ambos «HM» (Moyano y Martínez) llevaron un acta preacordada a la reunión de la Comisión del Salario Mínimo, que se hizo a las 13, previa al plenario del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Al primer encuentro concurrieronlos mismos que habían estado la noche anterior: Martínez (UIA), Ovidio Bolo ( Cámara de Comercio), Carlos Wagner (construcción) y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) por los empresarios; por la otra parte, Moyano, José Luis Lingieri y Juan Manuel Palacios (CGT) y Pedro Wasiejko (CTA), presididos por el jefe de gabinete de Tomada, Norberto Ciaravino.

Moyano, después de que el representante de De Gennaro insistió con los $ 772, dijo que «si bien esa cifra era razonable, en las actuales condiciones de complejidad, en esta etapa, aceptamos los $ 630». Obviamente, los empresarios no agregaron ni una palabra: el acuerdo ya era un hecho. Con el dictamen de la Comisión, los dirigentes subieron al piso 18° del edificio de la cartera laboral para la reunión del plenario del Consejo que encabezaría Tomada, con la certeza del funcionario de que poco después podría anunciar que había «fumata blanca», después de la casi traición de la CGT. Desde el día anterior hubo llamados desde altas esferas del gobierno a los sindicalistas para que (parafraseando a Lula da Silva) no «patearan el balde». No lo hicieron.

En tanto, la gente del agro había logrado ser recibida por la viceministra Norma Rial para explicarle por qué ese sector, a pesar del boom de los commodities, en muchos casos no podría pagar el aumento porque «no todo es soja» (ver nota aparte).

Finalmente, a la mesa se sentaron los sindicalistas y los empresarios que habían estado en la Comisión, más Juan Carlos Sacco, Guillermo Moretti, Carlos Bueno y Osvaldo Dapuetto (UIA), Luciano Miguens (Sociedad Rural), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Mario Raitieri (Coninagro), Ricardo Grether (CRA), Jorge Alvarez (UDES), Jorge Brito (ADEBA) y Edgardo Caracoche ( Confederación de Empresas Nacionales).

Después de arengar a la prensa en la puerta de Trabajo, diciendo incluso que las entidades que representaban a las pymes apoyarían su planteo, De Gennaro subió al cónclave para volver a pedir los $ 772, con el argumento de que se trataba del piso de la línea de pobreza. También pidió que se votaran los dos dictámenes: el propio y el de la mayoría.

Desde el campo empresarial le respondieron que sólo se sometería un dictamen a la consideración de los presentes, lo que dio inicio a una discusión casi bizantina, en la que se intentó dilucidar si el reglamento del Consejo permitía someter a votación más de una ponencia. Hubo que pedir un ejemplar del reglamento, leerlo varias veces (no estaba claro) para terminar votando qué se podía votar... Ganó la mayoría CGT/ empresas, lo que prenunciaba (como si hubiera hecho falta) qué sucedería con la cuestión central del Consejo.

• Silencio

Moyano y Martínez (más los bloques que encabezaban) optaron por el silencio: es que ya tenían todo «abrochado». En cambio, Caracoche -de la filokirchnerista CEN, el supuesto apoyo que iba a tener De Gennaro en la reunión- se explayó con una larga parrafada en la que sugirió que el Consejo debía ser un ámbito en el que se discutieran políticas de trabajo, de inversiones, de investigación en tecnología y que, en definitiva, el salario sería un tema poco menos que secundario.

Esta minimización de la cuestión central tuvo la dudosa virtud de disgustar a todos: a la gente de la CTA, porque no les dio el apoyo que aguardaban en su planteo de máxima; y al resto de los empresarios porque dejaba de lado todo lo negociado desde fines del año pasado con la cúpula de la CGT.

No quedaba demasiado por decir ni de qué hablar; se leyó el acta que habían firmado los dos «HM», en la que se elogiaban los avances logrados en la fijación de un nuevo salario mínimo, a la vez que pedían que se ampliara el temario del Consejo para «avanzar sobre la cuestión de la informalidad laboral» (el trabajo en negro). Se votó, y hubo casi unanimidad (con las excepciones de la CTA, que votó en contra, y de las entidades del agro, que se abstuvieron). Fin de la historia, por ahora.