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El proyecto les otorga a los inspectores de la DGI la facultad de tomar una serie de presunciones a la hora de determinar si en una empresa existen trabajadores no declaradosy evaluar el nivel de evasión previsional.
Así, podrá liquidar de oficio los aportes patronales ante errores de confección o falta de presentación de las declaracionesjuradas de los empleadores, imponer multas o clausuras. El radicalismo está en contra de seguir cediendo poderes a la AFIP -como hizo el Congreso también hace un mes con el resto del Plan Antievasión II-. «Dar el poder de sancionar por presunciones puede dejar a la gente, en especial a las pequeñas y medianasempresas, totalmente indefensa; si se trata de combatir el trabajo en negro, es necesario hacerlo con herramientas razonables», dijo el radical
Liberado ese escollo, y aunque se presume que el debate en el recinto va a ser violento, el peronismo conseguirá tener un tema habilitado para votar mañana en el recinto de Diputados y, al mismo tiempo, liberar la última ley que le exige Roberto Lavagna al Congreso desde hace casi un año.
Si el peronismo lo consigue, cortará también una racha de tres semanas sin sesiones en Diputados. De lo contrario, seguirán de largo empalmando el receso invernal de julio, del que volverán sólo para enfrascarse en la campaña previa a las elecciones de octubre.
Sin embargo, ésos no son los únicos proyectos políticamente antipáticos.
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