Acuerdo entre UCR y Carrió para frenar "Ley Lavagna"

Roberto Lavagna

El radicalismo y la Coalición Cívica estrenaron ayer en la Cámara de Diputados una alianza parlamentaria que tiene como primer efecto la presentación de un dictamen conjunto para oponerse al proyecto que establece una promoción impositiva para la inversión en bienes de capital e infraestructura que Cristina de Kirchner envió al Congreso, identificado como «ley pyme» o «ley Lavagna».

Mientras el kirchnerismo apura la votación de esa ley antes que la Presidente visite el Congreso el 1 de marzo para inaugurar el período de sesiones ordinarias, la oposición intentará frenar lo que ya denominan la «ley Techint».

El acuerdo fue negociado por el radical Miguel Angel Giubergia, con la Coalición Cívica y el socialismo.

«El dictamen que presentamos instituye un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital por parte de las pequeñas y medianas empresas que califiquen como tales» de acuerdo con lo establecido en la Ley 25.300, para lo cual deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal efecto la Autoridad de Aplicación», explicó el diputado.

Propósito

La idea es no dejar excluido del régimen de promoción de inversiones a sectores económicos como el agropecuario, que sí estaban incorporados en el proyecto inicial de promoción que Roberto Lavagna había enviado al Congreso cuando todavía era ministro de Economía de Néstor Kirchner.

La versión que intentarán imponer en el recinto «no será retroactiva, sino que recién se podrá hacer uso de los beneficios una vez que la ley entre en vigencia».

El radicalismo se metió, además, en la polémica que hoy divide al kirchnerismo del Senado y Diputados, y en torno a la ley. «El Ministerio de Economía y Producción debe ser la Autoridad de Aplicación del régimen y debe tener a su cargo la aprobación de los proyectos de inversión que adhieran a él, debiendo, antes de proceder a su aprobación, solicitar la intervención de las jurisdicciones con competencia en el correspondiente ramo o actividad», dice la versión opositora.

Administrador

El proyecto oficial establece que el cupo fiscal de $ 1.200 millones será administrado por el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido. Después de una visita relámpago de Martín Lousteau al Senado, se aprobó que ese poder lo tuviera el Ministerio de Economía.

Esta semana, el bloque kirchnerista de Diputados impulsó un dictamen en el que se vuelve a la redacción original -tras las protestas de la Casa Rosada por el cambio en el Senado-dejándole a De Vido el poder de decidir a qué empresas se les permitirá una amortización acelerada de sus inversiones en el Impuesto a las Ganancias o la devolución anticipada de IVA.

Así, el proyecto será votado la semana próxima en Diputados, pero deberá volver al Senado, por lo que será imposible que Cristina de Kirchner anuncie la nueva promoción a inversiones cuando ingrese al Congreso para dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa.