Jorge Telerman resolvió finalmente suspender el otorgamiento de permisos de construcción en los barrios porteños donde las quejas de los vecinos vienen creciendo al ritmo del boom de las edificaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Ya hay dos medidas judiciales en contra de las edificaciones y 18 demandas más presentadas en ese sentido.
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La suspensión de la aprobación de permisos será por 90 días y para edificaciones de más de 13,5 metros de altura en dos de los barrios más poblados de la Ciudad, como Caballito y Palermo, pero también en Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Núñez y Coghlan.
La semana pasada, la jueza Alejandra Petrella emitió un fallo por el cual obligó al Gobierno porteño a suspender el otorgamiento de permisos de obra y demoliciones en un perímetro de 16 manzanas del barrio de Caballito -delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona- para que se hagan estudios de impacto ambiental. La actividad de la construcción verifica, en la Ciudad de Buenos Aires, gran dinamismo y crece mes a mes la cantidad de permisos que solicitan. Las quejas de los vecinos, especialmente de Caballito y Palermo, surgen por la presunción de que colapsarían los servicios ante la llegada de más habitantes, pero también manifiestan las molestias que ocasionan las edificaciones en altura a las casas bajas. Sin embargo, las construcciones se ajustan a la norma que las regula, el Código de Planeamiento Urbano, que, entre otras cuestiones, permite mayores alturas en las avenidas que dentro de los barrios circundados por éstas, en las zonas catalogadas como residenciales.
La medida de Telerman parece obedecer a las demandas vecinales, que en pretemporada electoral parecen sentirse con más decibeles. El Gobierno, a la vez, está por designar un director general de Fiscalización de Obras y Catastros -la oficina que otorga los permisos-, cargo que está vacante desde hace casi dos meses y es ejercido actualmente por la dirección adjunta.
La norma
El decreto del jefe de Gobierno, que comenzará a regir tras su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, expresa que:
Se suspende por 90 días -hasta mediados de febrero de 2007- el trámite de los permisos de obra nueva o ampliación.
Es para las «parcelas en las cuales se proyectan viviendas de tipo multifamiliar o colectivas cuando su altura supere la correspondiente a un distrito de baja densidad -13,5 metros sobre la rasante-».
Se da en los distritos catalogados como R2a, E3 y C3 (son los lugares de los barrios donde se permiten torres).
Regirá para Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito.
Otras medidas
Pero, además, el Gobierno porteño tomará otras medidas, como modificar la Ley 123, de impacto ambiental, que obliga a un estudio en construcciones de más de 10 mil metros cuadrados. La jueza Petrella en su resolución da cuenta de que en una manzana se levantan cuatro o cinco edificios de un promedio de 5.000 metros cuadrados. De ese modo, no hay que solicitar permiso especial, pero en conjunto las obras, cree el Gobierno como la magistrada, merecen un estudio sobre cómo afectarán en la zona. La idea es que la ley de impacto ambiental contemple los estudios técnicos en obras de menor superficie.
También se reglamentará la Ley de Ruido para que en las obras sólo puedan trabajar de 7 a 20 de lunes a viernes.
Por otra parte, ayer el Gobierno porteño se reunió con representantes de las empresas de servicios a las que solicitaron un mapa de actualización de riesgos en los barrios en cuestión. Se trata de zonas de la Ciudad que crecen 2 a 3, cuando la media es 0,6%, según explicó a este diario el ministro de Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi.
El funcionario dijo que «los gobernantes tienen que escuchar a la gente» y que habrá «un plan urbano que sea sustentable en el tiempo, ya que esa es la ley marco que define el perfil de la Ciudad y es una política de Estado».
Además, tras una reunión con legisladores porteños, de la que participaron los titulares de la Comisión de Planeamiento -el macrista Alvaro González y el kirchnerista Juan Manuel Olmos-, se acordó modificar el Código de Planeamiento en los barrios para los cuales se determinó el decreto. Es decir, se cambiarán las condiciones de edificación para esas zonas.
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