Un grupo de bonistas argentinos que dice tener en su poder títulos en default por una cifra equivalente a 832 millones de dólares, envió una carta a la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la que acusan al juez Thomas Griesa, de "obligarlos" a ingresar a la oferta oficial presentada el pasado 5 de febrero. Se trata del grupo liderado por Pablo Varela.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En la misiva dirigida a la abogada asistente de la Cámara, Catherine O'Hagan Wolfe, el abogado Michael Spencer, que representa al argentino Pablo Alberto Varela y otros doce litigantes individuales, acusó también al país y al mediador Daniel Pollack de no haberlos invitado a las negociaciones que tuvieron lugar antes del 5 de febrero en Nueva York, por lo que consideraron que la oferta con este grupo "no fue negociada" y que por lo tanto es "unilateral".
Varela es un bonista argentino que representaba a otros 12 acreedores nacionales en situación similar: Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés y Marta Azucena.
En total estos bonistas suman un poco más de u$s 800 millones. Ellos se sumaron la semana pasada al escrito de los fondos más combativos NML y Aurelius quienes rechazaban la propuesta de Argentina, la jugada de este lunes va en la misma dirección.
Este lunes, el abogado de este grupo reducido precisó que "la gran mayoría de sus representados, adquirió sus bonos antes del incumplimiento por su valor nominal, muchos en las cantidades adecuadas de menos de 100.000 dólares, y se encuentran bajo el paraguas de los "me too", que obtuvo sentencia "pari passu" a favor, el pasado 30 de octubre".
Asimismo, denunció que "como abogado del mayor grupo de tenedores de bonos individuales, he intentado varias veces en las últimas semanas participar directamente en las negociaciones de acuerdo, pero fui excluido de las principales reuniones de negociación por el mediador, aparentemente porque soy abogado", dijo Spencer.
Tras lo cual agregó que "la única oferta mis clientes han recibido es la oferta pública de Argentina presentada unilateralmente el 5 de febrero".
En consecuencia, consideran que "la avidez" del tribunal de distrito de levantar las restricciones en contra del país, tal como lo dispuso Griesa, en el caso de cumplirse las condiciones requeridas, "es disconforme y contraria al estado de derecho".
En este contexto, consideraron que "es difícil escapar a la conclusión de que el juez de distrito está tratando de obligar a muchos otros tenedores de bonos en default a aceptar la oferta pública unilateral de Argentina antes de que expire el 29 de febrero".
Estimaron también que Griesa "carece de competencia" para emitir tal orden.
Dejá tu comentario