Analizarán el aumento para Aguas Argentinas

Aguas Argentinas pidió ayer un incremento de 15% en la tarifa, dentro de la propuesta que elaboró en conjunto con la comisión renegociadora de los contratos y que será sometida a consulta pública por Internet en la próxima semana.

Según el informe de la compañía, «el incremento tarifario de 15% puede ser mitigado por una reducción simultánea de la alícuota del IVA». Añadió que «el Poder Ejecutivo tiene facultades para rebajar hasta 25% el IVA y, de instrumentarse esa medida, el impacto del aumento a los usuarios se reduciría a 10%».

Pero en realidad no queda claro si ya hay una decisión de Economía de bajar la alícuota del IVA, o si se trata de una iniciativa de la compa-ñía, para que el aumento no sobrepase el límite de 10% impuesto públicamente por el ministro Roberto Lavagna.

El incremento no se aplicaría a los beneficiarios de la llamada «tarifa social». Esta se instrumentó a partir de este año y alcanza a 100.000 usuarios sobre 2,7 millones que tiene la concesionaria en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Los clientes con tarifa social fueron sugeridos por las intendencias del Gran Buenos Aires, bajo la supervisión del ente regulador. Para solventar esa tarifa, la empresa destina cuatro millones de pesos anuales, según la última renegociación del contrato cerrada con el ex ministro José Luis Machinea.

• Pocas excepciones

Esto quiere decir que, a diferencia de lo ocurrido con las tarifas de gas y electricidad, no habría en el caso de Aguas Argentinas una cantidad importante de usuarios sin incremento.

Según se sabe, la propuesta fue elaborada por los directivos de la compañía, el ente regulador y la comisión renegociadora de los contratos. La comisión pidió a Aguas Argentinas algunas obras de expansión para el año próximo, sin determinar en qué zona se ubicarán, y a partir de esa solicitud surgió el requerimiento de ingresos de la compañía.

El aumento tarifario solventaría un plan de inversiones por 245 millones de pesos, de los cuales 155 corresponden al año próximo. El resto (90 millones) se destinó este año a mantenimiento y terminación de obras empezadas en 2001.

La propuesta completa incluye, además, del incremento tarifario:

• Cancelación de las deudas por servicios prestados que el Estado nacional mantiene con Aguas Argentinas por alrededor de 100 millones de pesos.

• Reasignación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta estimado en 45 millones de pesos para solventar el programa de inversiones.

• Constitución de un fideicomiso (se entiende que con los mayores fondos recaudados por la suba de tarifas, pero no se aclara) para cubrir parte del programa de inversión.

• Libros abiertos

La empresa señaló en un comunicado que «en el desarrollo de esta iniciativa, Aguas Argentinas ha trabajado a libros abiertos con los representantes de la comisión, a los efectos de poder construir una propuesta equilibrada y sostenible de cara al contexto social y político que atraviesa actualmente la Argentina».

Un dato llamativo es que las entidades de consumidores y la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, no cuestionaron la propuesta que, como ya se sabía, venían elaborando Aguas Argentinas y la comisión renegocia-dora, porque, dijeron, se encuadra dentro de la renegociación del contrato como lo marca la Ley de Emergencia Pública.

A diferencia de lo ocurrido con electricidad y gas, donde se autorizaron aumentos «transitorios», «a cuenta» de la renegociación de los contratos, en el caso de Aguas se plantea una rene-gociación parcial del contrato con vigencia sólo hasta 2003, y hay un requerimiento del Estado en cuanto a inversiones mínimas, que son inferiores a las pautadas en el último contrato, debido al desfase tarifario.

También resulta curioso que las entidades de consumidores hayan aceptado la consulta pública por Internet, mientras que a mediados de julio, cuando el Ministerio de Economía propuso ese mecanismo para todas las tarifas, las asociaciones exigieron la realización de audiencias públicas, y luego las impugnaron en la Justicia porque se debatirían sólo subas de tarifas y no la renegociación integral de los contratos.

Resulta posible que ahora que la propuesta se subirá al sitio de Internet del ETOSS o del Ministerio de Economía, las entidades de consumidores adopten una actitud distinta, más parecida al rechazo a los aumentos que se autorizaron para luz y gas.