Encontrar equilibrio y aprovechar las ventajas de una economía abierta

Santa Fe sugiere también la necesidad de bajar la presión tributaria para darle previsibilidad a los diversos actores económicos y brindar así mayor seguridad jurídica para las inversiones.

La actual gestión de gobierno está iniciando su último año con fuertes desafíos en materia económica. A nadie le escapa que los resultados hasta aquí alcanzados en la materia distan sobremanera de los objetivos planteados hace apenas tres años.

Algunos tienen una mirada más financiera y quizás focalicen en la alta tasa de interés, la fuerte devaluación de la moneda nacional, el elevado nivel de riesgo país o el creciente peso de la deuda pública.

Para aquellos que concentran su mirada en la economía real, observarán con preocupación la errática evolución del nivel de producción, la baja utilización de la capacidad instalada, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la tasa de desempleo, el nivel de pobreza, la fuerte escalada inflacionaria, etc.

En cualquier caso, es importante reconocer que las medidas de política económica que nos trajeron hasta aquí merecen ser revisadas, excepto para quienes creen que la responsabilidad debe ser atribuida a factores exógenos, tales como la sequía y su impacto sobre la producción agropecuaria, la elevación de la tasa de interés internacional, la devaluación en las monedas de otras economías emergentes, por citar sólo algunas de las más habitualmente referidas.

Para estos últimos, quizás la salida a los problemas que evidencia la economía argentina pase por esperar que cambie el contexto internacional y que el clima acompañe, conjuntamente con una corrección de los desequilibrios fiscales que caracterizan a nuestro país, con particular énfasis en el nivel nacional de gobierno.

No parece que este razonamiento sea válido para quienes se propusieron ante la sociedad para gobernar que, por definición, es tomar decisiones activas sobre cursos de acción a seguir. Los problemas estructurales de la economía argentina (pobreza, desempleo, marginalidad, escasez de divisas, falta de competitividad) sólo pueden ser solucionados si se toman decisiones de política económica que se enfoquen en enfrentarlos, alentando una mirada más real y menos financiera de la economía.

En el pasado no muy lejano, se creyó que la economía podía crecer solo de la mano del gasto público y el consumo privado, sin reparar que ello suponía una baja tasa de ahorro nacional que impedía financiar el nivel de inversión requerido para hacer sostenible el crecimiento y, a su vez, nos enfrentaba a las históricas restricciones externas (escasez de divisas) que han caracterizado a nuestro país y han frenado siempre sus expansiones.

Gasto público

Desde el otro extremo, los programas de ajuste proponen una reducción en el gasto público en favor de un funcionamiento más aceitado del mercado que promueva incentivos para una mayor eficiencia de la economía. Una menor intervención estatal supone una redistribución del ingreso en favor de las clases más adineradas (con menor propensión marginal a consumir y mayor propensión a atesorar en moneda extranjera). Esa pérdida de ingresos de los sectores más populares impacta en un menor nivel de consumo en la economía, lo que sumado a la caída del gasto estatal empuja a la actividad económica a la baja. Eso sólo puede ser compensado (a nivel agregado) en tanto exista un fuerte proceso inversor (lo que requiere bajas tasas de interés) o un boom exportador. Es evidente que no tuvimos la anunciada “lluvia de inversiones”, ni tampoco logramos constituirnos en el “supermercado del mundo”.

Encontrar la síntesis y el equilibrio apropiado entre ambas posturas es el gran desafío que tenemos los argentinos al momento de diseñar la política económica. Y debemos hacerlo sin desconocer nuestra historia (corridas cambiarias y bancarias, cambios repentinos de las reglas de juego, devaluaciones intempestivas, etc.), ya que nos condiciona y limita los instrumentos que son factibles de ser utilizados.

Cómo transitar un camino intermedio que fortalezca el mercado interno, con capacidad de consumo de nuestra población, sin comprometer la competitividad exportadora de nuestra producción y generando incentivos en favor de la inversión, es el gran interrogante.

Así como la “grieta” ha generado divisiones innecesarias entre los argentinos, fomentando los enfrentamientos y dificultando construcciones colectivas, aquí también, en el plano económico, nos equivocamos si creemos que la solución ideal supone adoptar posturas extremas.

Debemos encontrar un equilibrio apropiado que nos permita aprovechar las ventajas que supone una economía abierta (tanto en lo comercial como en lo financiero), sin renunciar a las potestades regulatorias que necesariamente debe aplicar la política pública.

Presupuesto

De igual modo, debemos buscar un presupuesto equilibrado sin que ello signifique perjudicar a los sectores menos favorecidos de nuestra población que requieren de una fuerte presencia estatal para garantizarse el acceso a servicios públicos esenciales.

En este contexto nacional tan complejo que todos conocemos, en la provincia de Santa Fe podemos exhibir algunos indicadores que muestran una economía que se destaca. Basta revisar las estadísticas de empleo registrado en el sector privado, tasa de desempleo, ventas en supermercados, empleo en el sector de la construcción, volumen de exportaciones, etc., para poner en evidencia ese contraste.

Si las variables macroeconómicas fundamentales vienen dadas, ¿qué factores explican este comportamiento diferencial? Seguramente habrá diferentes miradas sobre el particular. A mi entender, este contraste surge a causa de características propias del sector productivo de nuestra provincia (diversificado, innovador, poco concentrado, etc.) como así también por sus políticas públicas, entre las que cabe destacar:

Fuerte institucionalidad, con una evidente división de poderes y habiendo alcanzado un 100% de transparencia en la ejecución presupuestaria según el último informe publicado por ASAP. De igual modo, existen espacios participativos de carácter inédito en nuestro país, como por ejemplo la Comisión de Análisis del Sistema Tributario Provincial, donde se arriban a acuerdos entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y las entidades de la producción respecto de los impuestos provinciales

Equilibrio fiscal de mediano y largo plazo: nunca el resultado del ejercicio ha constituido el objetivo de nuestra política de gobierno, pero siempre hemos administrado los presupuestos públicos de forma tal de garantizar la sostenibilidad económica y financiera del gobierno provincial. Como resultado de ello, nuestra provincia es, por lejos, la que menos deuda pública tiene entre las jurisdicciones comparables de nuestro país

Menor presión tributaria: Santa Fe es la provincia de menor presión tributaria, entre aquellas de similar desarrollo, según estudios de diversas consultoras privadas (Fundación Libertad, entre otras). Respecto de este tema, en 2019 se reducen alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos, tal como nos habíamos comprometido al firmar el Consenso Fiscal en el año 2017. Estamos convencidos que se deben cumplir los compromisos asumidos, como una forma de darle previsibilidad a los diversos actores económicos y brindar seguridad jurídica

Políticas de estado: la toma de decisiones de política en nuestra provincia supone un proceso de construcción que permite sostenerlas a lo largo del tiempo. Se buscan acuerdos que incluyan a la mayor cantidad posible de actores involucrados, que permitan garantizar su continuidad ante las diversas coyunturas. Una prueba de ello es la responsabilidad fiscal, elemento distintivo de Santa Fe más allá de los colores políticos que la han gobernado. El Estado provincial tiene un comportamiento decidido, previsible y sostenible, lo cual lo diferencia con lo que sucede en otros niveles, sosteniendo las reglas de juego a lo largo del tiempo

Estado presente pero no asfixiante: el sector público provincial es un actor importante de la economía santafesina, que no pretende reemplazar ni sustituir al mercado en aquellas cosas que éste realiza bien sino acompañarlo y complementarlo, de forma de potenciar la actividad económica local y un mayor bienestar de nuestra sociedad. Esto nos permite, por un lado, estar ejecutando el mayor nivel de inversión pública de las últimas décadas, mejorando nuestra infraestructura económica (lo que apuntala la competitividad de la producción santafesina) y nuestra infraestructura social (lo que incrementa la calidad de vida de los santafesinos) y, a su vez, prestar servicios elementales tales como educación, salud, seguridad, apoyo al desarrollo cultural, científico y productivo, etc. Todo esto lo hacemos manteniendo el poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores vía cláusula de resguardo salarial (cláusula gatillo) y sosteniendo el 82% móvil para nuestros jubilados.

Salvando las distancias, quizás estos elementos distintivos de las políticas públicas santafesinas, nos ayuden a identificar acciones concretas que permitirían modificar la difícil situación que atraviesa la economía de nuestro país.

(*) Ministro de Economía de Santa Fe.