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Sería así el primer caso en que el acuerdo con una privatizada trasciende el término de un año, ya que no se trata de un acta transitoria. Después de firmarse, el documento deberá pasar por las instancias previstas antes de entrar en vigencia: audiencia pública, autorización del Congreso y decreto.
Sin embargo, hay por lo menos un aspecto clave que por ahora quedará al margen del entendimiento: el pasivo de Aguas Argentinas, que asciende a 600 millones de dólares. En apariencia, Suez, principal accionista y operador de la prestadora local, habría desistido de solicitar al gobierno financiamiento en pesos y en condiciones ventajosas para cancelar parte de su deuda en dólares.
El acta incluiría dos subas de tarifas para 2006, dentro de los porcentajes que se vienen hablando desde principios de año: entre 15 y 20% cada uno, de modo que acumulados no superen 36%. Pero además agregaría un mecanismo de ajuste hacia el futuro que contemple la evolución de los costos internos.
La parte del acta que generó más discusiones es la referida al control del «cash flow» de la empresa. Dicho en otras palabras, cuánto de lo recaudado, después de los costos operativos, se destina a un fideicomiso para obras determinadas y cuánto queda como de libre disponibilidad de la empresa.
En un principio, el gobierno quería que todos esos recursos fueran a fondos específicos controlados por el Estado, pero esa posición se habría flexibilizado, aunque todavía no estaría cerrada la fórmula de equilibrio entre las partes sobre este tema. En uno de los documentos que envió la Unidad de Renegociación a la empresa en
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