Aprobaron una amplia Emergencia Pública

El Senado aprobó anoche la prórroga de la Ley de Emergencia Pública hasta el 31 de diciembre de 2007.

La versión de la declaración de emergencia de la economía que se sancionó esta vez es la más amplia que se haya registrado, mucho mayor incluso que la original que Eduardo Duhalde hizo votar el 6 de enero de 2002 para, entre otras facultades que se le concedían, proceder a la salida del régimen de convertibilidad.

Curiosamente, una vez más, Cristina Kirchner no estuvo presente para defender un pedido de su marido.

Con la economía creciendo a más de 8% este año, reservas en el Banco Central por encima de los u$s 30.000 millones y superávit fiscal récord, al oficialismo le costó en el recinto defender el mantenimiento de la emergencia total en el país en la cuarta prórroga consecutiva que se vota.

Por eso la discusión, que curiosamente se presentó junto con la ratificación de los siete primeros decretos de necesidad y urgencia que controla la nueva Comisión Bicameral que se creó este año, fue directamente a las verdaderas causas por las que el gobierno pidió mantener el estado de excepcionalidad en la economía: la situación de los deudores que optaron por no ingresar al canje de deuda y el peligro de nuevos pedidos de embargos contra el país en tribunales del exterior.

De todas las facultades que la Ley de Emergencia original delegó en el Poder Ejecutivo en 2002, sólo una tiene algún consenso en la oposición como para mantenerse: la potestad al gobierno de renegociar los contratos de concesión, marcos regulatorios y tarifas con las empresas de servicios públicos privatizadas. Pero el gobierno no pidió sólo eso en esta ocasión, sino también mantener la declaración de emergencia sanitaria, ocupacional, alimentaria, social, de los planes Jefas y Jefes de Hogar y de la economía en general.

El chaqueño Jorge Capitanich no eludió el punto principal en cuestión a la hora de defender el proyecto. Explicó claramente que el principal sentido del mantenimiento de la emergencia es dar el marco legal que impida que «las acciones de bonistas reduzcan los recursos destinados a otras áreas sensibles como salud o educación». En otras palabras, alertó sobre el miedo oficial a la posibilidad de que vuelvan a multiplicarse los pedidos de embargos contra bienes argentinos por parte de los holdouts que retienen bonos por más de u$s 20.000 millones (unitariamente sería sólo ese tramo el tercer default de la historia).

Capitanich abundó, además, con un argumento nuevo sobre la necesidad de la emergencia.