El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Asociaciones Profesionales que consagra el monopolio sindical a la CGT abrió un frente de conflicto que el gobierno por ahora no puede enfrentar: la necesidad de reglamentar cómo será en el futuro la representación gremial frente a negociaciones salariales. Ese horizonte no es lejano ya que para las paritarias de 2009 la CTA comenzará a reclamar el reconocimiento de la representación sindical y sus hombres un lugar para sentarse en las negociaciones amparados en el precedente que ya sentó la Corte. Es claro que Cristina de Kirchner no afrontará, por ahora, el debate pendiente sobre la libertad de asociación gremial y la representación: el gobierno por ahora se aferró a Hugo Moyano y seguirá con esa postura mientras pueda. O sea, en tanto no le lluevan otros fallos judiciales.
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Pero la oposición no dejará ese lugar sin ocupar. Ayer, el radicalismo ya anunció que junto con toda la oposición presentará el próximo miércoles un proyecto que reforma la Ley de Asociaciones Profesionales estableciendo la libertad de asociación, la libertad de sindicalización, la democracia interna de las agrupaciones gremiales, representación de la minoría en los sindicatos, no reelección en los cargos y la transparencia en el manejo de los fondos sindicales y de las obras sociales.
Ese proyecto, que el radicalismo tiene en preparacióndesde hace tiempo, pero que se apuró con el fallo unánime de la Corte Suprema contra el monopolio sindical de la CGT, intenta operar como reglamentario del principio que el tribunal fijó en el fallo.
Negociaciones
Pero no será una propuesta autónoma de la UCR: ayer ya habían comenzado las negociaciones para sumar a la Coalición Cívica, el socialismoy el macrismo a ese proyecto. Podrían incorporarse también al pedido de reforma al régimen sindical algunos aliados del gobierno, como el caso del diputado Ariel Basteiro y su bloque Encuentro Popular y Social que integran Victoria Donda y Vilma Ibarra. Basteiro ayer festejó el fallo de la Corte Suprema y lo mismo hizo Claudio Lozano, que desde la CTA viene reclamando el reconocimiento del gobierno a esa central de trabajadores que Néstor Kirchner prometió y nunca cumplió.
Se sumaría así un núcleo crítico en contra del monopolio sindical que puede hacerle peligrar al gobierno su postura de negarle a los sindicalistas independientes lo que la Organización Internacional del Trabajo y los convenios internacionales firmados por el país establecen desde hace años.
Desde el kirchnerismo del Congreso ayer hubo silencio absoluto. Pero eso no implicó un reconocimiento de la gravedad del tema que afecta tanto al gobierno, a la CGT y a las empresas, que reaccionaron desesperadas pensando que en el futuro pueden tener a más de un delegado por sector negociando incrementos salariales. En eso, todos son socios ahora de Moyano.
«El efecto es importante pero no inmediato. Lo que dicen los considerandos del fallo es más duro que el propio pronunciamiento: no hace otra cosa que reconocer el Convenio 87 de la OIT que establece la libertad sindical», reconocían desde el oficialismo.
Promesas olvidadas
A favor o en contra, nadie dejó de reconocer que ésta es la batalla más complicada que tiene el gobierno por delante, producto de la inacción de los Kirchner en el tema que prefirieron, desde el inicio de la era del matrimonio, recostarse en la CGT oficial, olvidando promesas de campaña.
No son los únicos: los radicales ahora reviven los conceptos de la ley que Raúl Alfonsín no pudo aprobar en el Senado en el 84.
Para el primer presidente de la democracia el tema fue crucial. Alfonsín sabía que no podría organizar un gobierno de seis años si tenía delante un monopolio sindical aliado al peronismo que le atara las manos.
Tan importante fue la definición que su ministro de Trabajo, Antonio Mucci (llegado también desde el sindicalismo)envió el proyecto de ley de reordenamiento sindical al Congreso una semana después de la asunción presidencial. El 21 de diciembre de 1983 el expediente 25/PE/83 ya tenía estado parlamentario: fue la primera decisión que tomó el gobierno radical.
Ese proyecto que establecía la libertad de elección sindical, modificando el mismo artículo que ahora la Corte declaró inconstitucional, se aprobó en Diputados en una larga sesión entre el 10 y 11 de febrero de 1984.
Pasó luego al Senado y allí fue rechazado por un voto el 15 de marzo del mismo año. Ese día la diferencia la hizo el neuquino Elías Sapag, quien por las presiones que recibió de la CGT de entonces terminó peleado con su hermano Felipe y resintiendo la relación dentro de esa familia que controlaba toda la provincia.
Ese día la Plaza del Congresoestuvo completa. Los militantes radicales hicieron vigilia desde el día anterior ocupando la mitad y al momento de la votación ingresaron las columnas de la CGT lideradas por Saúl Ubaldini. La UCR se retiró derrotada y comenzaron luego, a sólo tres meses de haber asumido el mando, la sucesión de los famosos 13 paros con que Ubaldini animó la oposición al gobierno de Alfonsín, que en tan poco tiempo había comenzado a perder la iniciativa política.
Hubo luego otros intentos de reformas, como en 1988, pero que nunca intentaron impactar el centro del monopolio de la representación que ostenta la CGT. Hasta ahora, que por inacción del poder político la Corte, una vez más decidió avanzar.
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