Aseguran que en diciembre aumentan gas y electricidad

Por ahora, sólo habrá audiencias públicas para debatir subas de tarifas en gas y electricidad. Para evitar otra medida judicial adversa, los debates serán convocados por los entes reguladores de esos servicios, amparándose en las respectivas leyes de marco regulatorio, que permiten a las empresas o al Estado recurrir a ese mecanismo en caso de que una u otra parte soliciten un ajuste de tarifas por causas extraordinarias y objetivas, o razones de fuerza mayor.

Hoy el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el de la Electricidad (ENRE) pedirán al ministro de Economía, Roberto Lavagna, la derogación de la Resolución 38 del Palacio de Hacienda que obliga a los organismos de control a «abstenerse» de cualquier decisión que afecte a las tarifas.

• Fundamentos

Ambos entes fundamentarán la solicitud en que recibieron pedidos de algunas empresas para aplicar una suba de tarifas (en el caso del gas, fueron las transportistas). A partir de ahí, Economía derogaría la resolución sólo para luz y gas, y los entes quedarían habilitados para llamar a las audiencias, una vez que la nueva norma salga en el Boletín Oficial, probablemente la semana próxima.

El gobierno decidió seguir este camino por varias razones:

• Hay una presión del Fondo Monetario para empezar a ajustar las tarifas de los servicios públicos.

• Existe un convencimiento en el gobierno de que puede haber problemas con el suministro de luz en el verano y con la seguridad en las redes de gas, por problemas de caja de las empresas, por lo cual debería haber un aumento de tarifas antes de fin de año.

• Sería muy lento el camino de seguir la vía judicial apelando la decisión de la Justicia de primera instancia que ordenó suspender las audiencias que se habían convocado en setiembre para luz, gas, agua, teléfonos y peajes.

• Se cree que hay argumentos legales para fundamentar las nuevas audiencias porque la Ley de Emergencia Econó-mica no derogó las leyes de marco regulatorio de luz y gas, y por lo tanto, éstas siguen vigentes.

En este último sentido, la ley de emergencia pesificó las tarifas y prohibió los ajustes por índices de otros países o por precios internos, a la vez que estableció la renegociación de los contratos de concesión. Pero según el análisis legal del Palacio de Hacienda, la ley no deroga los otros artículos de las leyes de luz y gas, por lo cual éstos podrían aplicarse.

Si este primer paso saliera bien, el gobierno intentaría después el mismo camino con Aguas Argentinas, teléfonos y peajes, aunque en estos casos no hay leyes específicas bajo las que ampararse, y sólo podría invocarse lo que dicen los contratos en cuanto a causas extraordinarias o fuerza mayor.

• Decidido

Según trascendidos confiables, el Enargas ya habría resuelto llamar a una única audiencia para tratar las subas de lo que perciben transportistas y distribuidores, cuyos márgenes significan dos terceras partes de la tarifa sin impuestos de un usuario residencial.

El organismo tiene esbozado convocar a audiencia pública entre el 18 y el 20 de noviembre, y emitir su dictamen en los primeros días de diciembre. Si la decisión estuviera lista antes del 5 de diciembre, la suba sería retroactiva al 1 de ese mes, y en caso contrario, entraría en vigencia el 1 de enero.

El Enargas y, en parte, los usuarios corren con la ventaja de que el aumento se concretaría en el momento de menor consumo de los usuarios, además de que, como ya está anunciado, no habrá subas para la franja de residenciales de menor consumo.

• Mandato vencido

En el caso de la electricidad, el organismo regulador todavía no habría decidido si corresponde una audiencia por empresa (Edenor, Edesur, Edelap, Transener) o por sector (el de transporte y el de distribución). Además, en apariencia, en este caso, la situación se complica porque el titular del ente, Juan Legisa, tiene el mandato vencido y todavía no salió el decreto que prorroga su gestión, por lo cual cualquier decisión que tome el ENRE, con sólo dos miembros, podría ser impugnada. Hay además, dentro de las privatizadas eléctricas y gasíferas, quienes creen que nuevamente serán sometidas a exposición pública, sin resultado positivo, ya que las asociaciones de consumidores y la defensora del pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, insistirían ante la Justicia con que «cualquier aumento es ilegal si no se renegocia todo el contrato».

Por el contrario, el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, había recomendado públicamente al ministro Lavagna que los entes de luz y gas convocaran a las audiencias. No obstante, también recomendó que antes de autorizar cualquier ajuste, debe revisarse el peso de los impuestos en las tarifas que supera 40 por ciento en el caso de los usuarios eléctricos de la provincia de Buenos Aires.