La Cámara de Apelaciones en lo Comercial tiene en su poder un caso testigo que podría condenar a las terminales automotrices a devolver a las concesionarias de automóviles poco más de mil millones de pesos (u$s 350 millones) por un acuerdo firmado en la década del '90.
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La causa ya tiene un fallo de primera instancia a favor de las concesionarias y ahora está siendo evaluado por los camaristas de la Sala B, que podrían ratificar la decisión.
La batalla contra las terminales fue impulsada por la concesionaria Automotores y Servicios Grandola SA contra CIADEA, por retención indebida de márgenes comisionales y se ha convertido en la causa madre para otras concesionarias de vehículos.
En el año 1992, las terminales, el gobierno nacional, la UOM y las concesionarias de autos llegaron a un acuerdo por medio del cual se efectuaba una rebaja en el precio de los automotores 0 km con la finalidad de maximizar las ventas de vehículos y colaborar en el aumento del volumen de ventas. En el caso de las concesionarias (nucleadas en ACARA), éstas dejarían de percibir 2% de sus márgenes comisionales hasta diciembre de 1993, fecha en que caducaba el acuerdo.
Pese a ello, ese margen se mantiene hasta hoy, aunque ahora las concesionarias tienen más de 50 demandas en la Justicia reclamando la restitución de estas comisiones.
Los contratos que vinculan a las concesionarias con las terminales son de adhesión; por lo tanto, éstas tienen la facultad de resolver cuándo se termina el vínculo que les permitía a las concesionarias hacer uso de las marcas y los colores. Así sucedió que en el '93, por una cuestión de concentración mundial, las terminales comenzaron a cancelar estos convenios provocando un verdadero desorden en toda la red, en algunos casos por incumplimiento. Pero en otros tantos no indemnizaron a las concesionarias ni restituyeron el margen de 2 por ciento.
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