Aval para renegociar con privatizadas

El bloque justicialista del Senado le prometió ayer a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, la aprobación sin cambios del proyecto que habilita al Poder Ejecutivo a renegociar contratos con las empresas privatizadas de servicios públicos, incluidos los niveles tarifarios.

A pesar de anuncio inicial de los senadores sobre la necesidad de introducir cambios al proyecto, De Vido no encontró ayer escollos en el plenario de las comisiones de Infraestructura, Asuntos Municipales y Legislación General, donde se analizó el proyecto del Ejecutivo que solicita que se le extienda hasta fines de 2004 la delegación de facultades para renegociar los contratos. El oficialismo tampoco encontró resistencia en el bloque radical, que en las reuniones anteriores anticipó su rechazo al proyecto sobre la base de un lapidario informe realizado por el senador Raúl Baglini, que esta vez no estuvo presente, aunque presentó sus disidencias por escrito.

• Radicales

A pesar de eso el radical chubutense Carlos Maestro expresó que el bloque de la UCR «iba a facilitar» el tratamiento del proyecto que le da al Ejecutivo, «los instrumentos» necesarios para renegociar los contratos, aunque señaló que iban a firmar en disidencia «en algunos aspectos».

Ante los reparos expresados por algunos senadores, en el oficialismo especularon con la posibilidad de realizarle sólo «algunas modificaciones» para lograr el dictamen favorable, pero el sorpresivo «encolumnamiento» del bloque justicialista facilitó las cosas y el jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, logró que se avale el proyecto con su texto original. Incluso ratificando uno de los puntos más polémicos: la sanción ficta de las resoluciones que tome el Ejecutivo en las renegociaciones. Es decir, que una vez firmado el decreto por el gobierno el Congreso tiene 60 días para ratificarlo o rechazarlo, pero si no lo hace la medida queda vigente.

Se sabe que es mucho mas fácil impedir que se aprueba una ley que sancionarla y este artículo, entonces, facilitará la reestructuración de tarifas que pide el FMI sin la oposición de Congreso.

En este punto, De Vido desestimó que se trate de una sanción de hecho de una ley, sino que es una «participación ex post», es decir posterior al acuerdo y anterior a su aplicación. Aseguró que los nuevos marcos regulatorios que surjan de los acuerdos «serán girados al Parlamento» para que se conviertan en ley.

• Disconformes

Los únicos que quedaron ayer disconformes con el dictamen fueron el radical jujeño Gerardo Morales y la menemista salteña Sonia Escudero, quienes insistían en la necesidad de que se fijara una «garantía» de que en las negociaciones se estipularían «tarifas sociales».

Pichetto calificó las posturas de «demagógicas», «declamativas» y «poco serias», por lo que desafió a Morales a que profundizara su posición en cuanto a cuál sería el costo fiscal y el universo de las probables tarifas sociales.

Morales intentó defender su postura, pero se encontró con que algunos de los senadores que lo respaldaron en las reuniones anteriores variaron su postura e impulsaron que se trate por separado el tema de las tarifas sociales.