Bancos exigen pago parcial para suspender ejecuciones

Ante el inminente retorno de los remates, los bancos están solicitando a los deudores que pueden sufrir la pérdida de su vivienda un pago de «buena voluntad» para refinanciar la deuda y darle una nueva oportunidad de cumplir. En general, se pide a los clientes morosos que cancelen en efectivo entre 15 y 20% de su deuda vencida para luego darles la oportunidad de volver a cumplir con las cuotas. «Si a un deudor que hace cinco o seis años que no paga lo volvemos a refinanciar automáticamente, nada nos asegura que esta vez sí cumplirá con el pago de la deuda», se justificaron en varias entidades (tanto públicas como privadas) que acuden a este mecanismo. El problema es que en buena parte de los casos, el afectado no está en condiciones de poner el efectivo requerido. Recién cuando se efectúa este pago, los bancos se sientan a negociar la posibilidad de una refinanciación con plazos más largos y tasas de interés reducidas, aunque siempre variables.

Los clientes morosos están ante una situación crítica, ya que el 2 de octubre (dentro de exactamente una semana) vence la prórroga voluntaria para la suspensión de remates por 30 días acordada por las tres principales cámaras bancarias con el gobierno. En realidad, las ejecuciones están suspendidas desde la salida de la convertibilidad, luego de cuatro suspensiones definidas por el Congreso a partir de enero de 2002.

Pero mientras los tiempos se acortan, el equipo económico está terminando de delinear un proyecto por el cual un Fondo Fiduciario se ocupará de adquirir las hipotecas que corren el peligro de remate. Según estimó el ministro de Economía, Roberto Lavagna, la situación involucraría a unos 13.000 deudores por un monto total de u$s 450 millones.
Luego, el Estado se encargaría de refinanciar la deuda con todos aquellos deudores que demuestran voluntad de pago. En este tema están trabajando el secretario de Coordinación Económica, Leonardo Madcur, el representante del Ministerio de Economía en el BCRA, Miguel Pesce, y la titular del Banco Nación, Felisa Miceli.

Los diputados esperan que a principios de la semana próxima -a más tardar-el proyecto ya sea elevado para su aprobación al Congreso. «Si no llega la propuesta concreta del gobierno, a 90% de los legisladores les gustaría aprobar una nueva prórroga. Pero sería gravísimo porque otra vez estaríamos postergando las soluciones», explicó Rodolfo Frigeri, titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja.

Por otra parte, la Corte Suprema denegó de plano la posibilidad de definir una nueva suspensión por 60 días que había solicitado el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. El acuerdo alcanzado con el FMI también establece que no se definirán nuevas suspensiones de manera compulsiva e incluye la plena vigencia de la Ley de Quiebras.

• Situación dramática

Ricardo Ferrer, director de Maincorp, una compañía que se dedica a asesorar a deudores bancarios en peligro de remate, explicó que «la situación más dramática es la de los productores agropecuarios en el interior, porque tienen procesos muy avanzados y cuando quieren arreglar se encuentran con una deuda multiplicada hasta tres o cuatro veces por intereses resarcitorios y la aplicación del CER, entre otras cuestiones».

Algunos bancos, como el caso del Nación, está buscando aliviar la situación de los deudores morosos. La semana pasada su directorio resolvió suspender el cobro de punitorios y reducir hasta 70% la aplicación de intereses resarcitorios.

Si bien desde la semana próxima quedaría ya habilitada formalmente la vía del remate, en los bancos no ven ejecuciones masivas. En primer lugar, por una cuestión de proceso, ya que antes es necesario dar una serie de pasos, como la designación del martillero, la fijación de la fecha y, finalmente, la publicación del edicto. Claro que se trata de pasos administrativos que demoran unos 30 días para llegar finalmente al remate, ya definido en esta instancia por el juez.

Pero además existe una cuestión de mercado. «Ningún banco saldrá a rematar masivamente porque se produciría una caída fuerte en el precio de los inmuebles que no le conviene a nadie», coinciden quienes están al frente del área legal de las entidades.

Aunque existen casos de deudores que sufrieron el remate de viviendas en las últimas semanas, la explicación de los bancos es que se trata, en realidad, de hipotecas que ya no están más en el activo de la entidad sino que fueron traspasadas a terceros, a través del proceso de « securitización.