El BCRA y la Procelac examinarán diferentes elementos de pruebas secuestrados ayer en firmas que presumiblemente operan en forma ilegal en el Microcentro porteño. Los procedimientos son una derivación de una pesquisa iniciada hace un mes en las oficinas de Valores América y de Cambio América.
El juez en lo Penal Económico Alejandro Catania ordenó tres nuevos allanamientos en firmas que presumiblemente operan en forma ilegal en el microcentro porteño por pedido del Banco Central, en los que se secuestró gran cantidad de documentación en distintos soportes que será analizada por la autoridad monetaria y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
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Los procedimientos, que se realizaron este jueves con participación de la Gendarmería, son una derivación de una pesquisa iniciada tras otros allanamientos concretados el 29 de octubre pasado en las oficinas de las firmas Valores América Sociedad de Bolsa (Sarmiento 517) y en la sede de Cambio América (Sarmiento 501).
Aquel día -recordó la información difundida hoy por la Procelac-, el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría detectaron "severas irregularidades en la normativa antilavado", de acuerdo con los parámetros técnicos que reglamentó la Argentina para adecuarse a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La dependencia del Ministerio Público Fiscal detalló que en esa oportunidad "los empleados del lugar intentaban bajar por las escaleras con mochilas, bolsos y bolsas de residuos con papeles y otros elementos de prueba".
Los oficiales de justicia y la autoridad monetaria comprobaron la falta de documentación (escritura o contrato de alquiler) para justificar la posesión de los lugares; y hallaron una caja fuerte vacía, un escritorio con micrófono y dos papeles de tira con cuentas compatibles con cambio ilegal de divisas.
El arqueo de valores determinó que faltaban 160 mil dólares de los movimientos del día, y esa misma suma se encontró en las cajas de seguridad que la firma tenía en el Banco Meridian, mientras otra caja en el Banco de Corrientes no pudo ser abierta por "distintas excusas brindadas por las autoridades" de la entidad.
Esa serie de irregularidades permitió inferir la existencia de maniobras delictivas contra el orden económico financiero, indicó la Procelac.
Presumiblemente, añadió, las financieras "atesoraban divisas no declaradas a la autoridad monetaria y las utilizaban para concretar operaciones en el mercado ilegal conocido vulgarmente como blue".
Estas sospechas motivaron la presentación de una denuncia penal por parte de la UIF, que tramitó ante la Fiscalía Nº1 de Primera Instancia en lo Penal Económico, a cargo de Carolina Robiglio quien, con la colaboración de la Procelac, inició una investigación.
Para el fiscal general a cargo de la Procuraduría, Carlos Gonella, "esta es una clara y exitosa muestra del esfuerzo conjunto de los organismos públicos reguladores de la actividad económica en materia bursátil y financiera (BCRA, UIF y CNV) con la unidad especializada a mi cargo".
"El camino que se ha emprendido para combatir la criminalidad financiera organizada es el adecuado, ya que la articulación entre los distintos segmentos públicos involucrados está demostrando que las tareas de coordinación producen los resultados esperados", agregó el funcionario.
El representante del Ministerio Público afirmó por último que "de los controles administrativos ejecutados en el marco de las facultades de supervisión se derivaron procedimientos judiciales que permitieron secuestrar numerosos elementos de prueba, a través de los cuales se puede corroborar que hay sectores que están obteniendo enormes riquezas ilegalmente".
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