La Comisión le puso como ultimátum al gobierno de Zapatero dos meses más para ajustarse a las normas.
La Comisión Europea advirtió a España para que aplique una directiva comunitaria que regula las remuneraciones de banqueros y de sociedades de inversión, y le puso como ultimátum dos meses más para ajustarse a las normas comunitarias en la materia.
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A pesar de que el plazo límite para incorporar la directiva europea expiraba el pasado 1 de enero, España, alega Bruselas, no ha aplicado aún ninguna de sus disposiciones. "La actual crisis financiera prueba hasta qué punto es importante abordar esos dos aspectos para los ciudadanos, las empresas y la sociedad en su conjunto. Si unas normas comunes no se observan en el mismo grado en toda la UE, esto podría dar lugar a lagunas que podrían ser explotadas", asegura Bruselas en un comunicado.
Esa directiva, o "ley comunitaria", exige que bancos y sociedades de inversión sigan "políticas solventes" de remuneración sin entrar en situaciones de excesivos riesgos a la hora de acordar sus políticas salariales para el sector.
No obstante, España no es el único socio comunitario que se lleva un reto de Bruselas en la materia. También Italia, Grecia, Eslovenia, Polonia y Portugal incumplen las normas. En la jerga técnica de la UE, la Comisión de los 27 socios dio un plazo de dos meses a contar desde este jueves para que España, y el resto de socios afectados, se ajusten a las normas.
España podría tener que responder ante la justicia europea si hace caso omiso a la advertencia y no transpone esa directiva a su legislación nacional.
En opinión de Bruselas, se trata de "atajar la excesiva e imprudente asunción de riesgos en el sector bancario favorecida por remuneraciones mal concebidas que han provocado la quiebra de distintas entidades y traído problemas a la sociedad en su conjunto".
Entre los objetivos de la directiva en cuestión figura poner límites a los excesivos incentivos salariales. Para ello, Bruselas reclama que las entidades bancarias y las sociedades de inversión se ajusten a políticas que no estimulen las asunciones de riesgos excesivas.
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