En medio de una crisis interna dentro del propio bloque peronista, los senadores intentarán hoy sancionar el proyecto que modifica la tasa especial sobre el gasoil, destinando los mayores recursos a financiar infraestructura de transporte y programas del gremio que dirige Hugo Moyano. Toda esa nueva masa de subsidios pasará por las manos de la Secretaría de Transporte que controla Ricardo Jaime.
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Estas características del proyecto que envió el gobierno consiguieron en poco tiempo que toda la oposición se encolumnara en contra y que parte del PJ estallara de ira. No es sólo el aumento de mas de 1,5% que experimentará el litro de gasoil -al convertir la tasa de 18,5% en una alícuota con un tope de 20,2%-, sino también los fondos a Moyano y el aumento de subsidios en Transporte.
Hoy será el quinto intento del peronismo para sancionar el proyecto sobre gasoil. Pero también será un nuevo esfuerzo para sancionar otro tema conflictivo: el marco regulatorio del gas licuado de petróleo, o como se lo conoce popularmente: «la ley de las garrafas».
Ayer se anunció que, después de un intento por acercar posiciones con el radicalismo y la interna peronista, habrá hoy un intento por sancionar esa nueva fuente para las cajas sindicales. Pero nadie aseguraba que la crisis no volviera a estallar minutos antes de comenzar la sesión. De todas formas, hacer caer el proyecto una vez no es complicado: para aprobarlo el PJ necesita una mayoría calificada de 37 votos positivos, algo difícil de conseguir sin apoyo total del oficialismo.
El problema radica en que no sólo la UCR rechaza el proyecto, sino que hay varios justicialistas que se niegan a votar la iniciativa, como los senadores de Santa Fe, de Córdoba y de La Pampa. En todos esos casos se argumenta el peligro de un aumento del gasoil para el campo. En la misma línea, los radicales quieren mantener la tasa de 18,5%. Si consiguen eso, el gobierno no tendrá más fondos, del proyecto sólo quedará la nueva distribución de subsidios que beneficia a los Moyano y la ley -transformada en una carga para el Ejecutivo-deberá volver a Diputados.
El otro proyecto sobre gasoil que espera con demora es la eximición por cuatro meses del pago del arancel a la importación, justificado en la necesidad de no agotar las reservas frente a una posible nueva crisis de energía.
Ya tuvo el visto bueno de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y ayer se postergó en Comercio.
Para completar el panorama energético -con problemas en todos los casos-seguía la pelea anoche sobre el marco regulatorio del GLP. Todo el Congreso está dividido sobre quién es el propietario de las garrafas que se utilizan y que quedarán afectadas al nuevo sistema nacional de garrafas. Hasta ahora, el usuario mantiene la propiedad de su garrafa, pero la ley establece que las empresas fraccionadoras serán las dueñas, lo que concentrará el mercado a la hora de definir la recarga. Menos problema existe con otro artículo de esa ley que declara de interés público al servicio y fija precios de referencia.
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