La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado un proyecto que beneficia a los trabajadores rurales y estibadores a través del combate del trabajo en negro y de evitar la evasión previsional.
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Se trata de la ley de corresponsabilidad gremial, votada con el consenso de todos los bloques, con el objetivo de incrementar la recaudación y brindar la cobertura del sistema de seguridad social de los empleados del sector.
La iniciativa, originalmente impulsada por el ex diputado Saúl Ubaldini, fue nuevamente presentada por el titular del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, junto con el legislador kirchnerista Héctor Recalde.
Al defender el proyecto en el recinto, Rossi destacó que «en un país donde la relación entre trabajadores y empleadores siempre fue conflictiva, es muy bueno que este proyecto haya sido fruto del entendimiento entre productores y trabajadores del sector rural».
El secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) Gerónimo Venegas, quien estuvo presente en la sesión, destacó la importancia de la iniciativa, al sostener que la norma permitirá «desburocratizar el sistema de seguridad social».
A través de la iniciativa se busca reemplazar el pago mensual de aportes y contribuciones destinados a todo el sistema de seguridad social por un pago único que se realiza en el momento de la cosecha. «Se quiere implementar este sistema para que el empleador rural pueda hacer los aportes en el momento en que le ingresan fondos, que coincide con la cosecha», explicó a este diario el diputado radical Miguel Angel Giubergia.
Para facilitar el pago y evitar la evasión, la iniciativa faculta a las partes a proponer que sean agentes de retención determinados eslabones de la cadena de comercialización del producto. Para su puesta en práctica, se acuerda entre las partes -trabajadores y empleadores- un convenio por cada rubro o para cada producto fijándose una tarifa sustitutiva de los mencionados aportes y contribuciones, en base a las condiciones generales y particulares que rigen para cada convenio.
Además, los diputados aprobaron y giraron también al Senado un cambio en la Ley de Defensa de la Competencia que refuerza la protección del consumidor ante abusos de firmas con posición dominante en su sector. El texto del artículo primero de la ley, que rige desde 1999, considera prácticas abusivas prohibidas aquellas que perjudiquen «el interés económico en general», y ahora se agrega «o a los consumidores».
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